CIUDAD DE PANAMÁ, 26 Oct. (Reuters/EP) -
Panamá y Colombia acordaron este martes reforzar la seguridad en su frontera común como parte de una estrategia conjunta para frenar el narcotráfico y la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, en medio de la crisis regional desatada por el aumento del flujo de migrantes, especialmente haitianos.
Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Panamá, Juan Carlos Varela, han destacado la importancia de elevar el nivel de seguridad para hacer frente al crimen organizado y las redes de traficantes de personas, así como buscar el apoyo de otros países que puedan acoger a los migrantes.
Tras una reunión bilateral, los mandatarios han establecido como prioridad el intercambio de información para identificar a los migrantes, la creación de un fondo regional de contribuciones voluntarias para afrontar el problema y la búsqueda del apoyo de terceros países como destino de los expatriados.
"Hemos decidido subir un nivel a esa colaboración para ser más efectivos", ha declarado Varela. "Pondremos en marcha unos planes concretos que iniciarán en 2017 con nuevas modalidades de colaboración y eso, sin duda, va a repercutir en la seguridad de colombianos y panameños", ha añadido.
Por su parte, Santos ha sostenido que en la frontera común se enfrentan a problemas como tráfico de drogas y armas, minería ilegal y lavado de activos por lo que es necesario que ambos países colaboren más estrechamente.
"El resultado de una mayor colaboración es más seguridad y más tranquilidad para todos los ciudadanos", ha afirmado Santos desde la ciudad fronteriza de Metetí, en Panamá, donde tuvo lugar el encuentro al que también asistieron miembros de los gabinetes de seguridad y las cancillerías de ambos países.
En lo que va de año al menos 15.000 inmigrantes ilegales pasaron por Panamá, entre los que figuran cubanos y haitianos indocumentados que se hacen pasar por africanos, según información del Gobierno. Los haitianos buscan entrar a Estados Unidos como refugiados utilizando el estatus migratorio especial que se les concedió tras el catastrófico terremoto de Haití en 2010.
El creciente flujo de expatriados también ha generado una crisis en las ciudades fronterizas del noroeste México, donde miles de haitianos viven en duras condiciones a la espera del asilo en Estados Unidos.
