El PSUV aprueba una batería de medidas antes de entregar el poder a la oposición
CARACAS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea Nacional --aún dominada por el 'chavismo'-- ha nombrado Defensora del Pueblo a la jueza Susana Barreiro, que adquirió notoriedad pública por condenar al líder opositor Leopoldo López, en una de las últimas sesiones antes de que el Parlamento pase a manos de la disidencia venezolana.
La Asamblea Nacional --aún dominada por el 'chavismo'-- ha nombrado Defensora Pública a la jueza Susana Barreiro, que adquirió notoriedad pública por condenar al líder opositor Leopoldo López, en una de las últimas sesiones antes de que el Parlamento pase a manos de la disidencia venezolana.
"Queda nombrada como Defensora Pública General Susana Virginia Barreiro Rodríguez y (como) sus suplentes Ignacio Ramírez Romero y Carlos Alfredo Medina Rojas, quienes serán juramentados el día martes", ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Barreiro ha sido seleccionada de una lista de hasta 30 aspirantes para sustituir a Ciro Araujo, que salió del cargo el pasado 21 de agosto por "abandono", según informó entonces el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
José Ávila, del PSUV, ha explicado que Barreiro se ha adjudicado la plaza tras superar "averiguaciones en las que se verificó si los candidatos poseían algún tipo de procedimiento penal" y las entrevistas personales posteriores, de acuerdo con Noticias 24.
"La defensa pública tiene dentro de sus fines garantizar el derecho constitucional y el derecho a la defensa (...) corresponde a esta Asamblea Nacional escoger al defensor o defensora general y sus dos suplentes por los próximos siete años", ha recordado Ávila.
La bancada opositora ha considerado "una ofensa" la designación de Barreiro. "Esta doctora está profundamente cuestionada en su actuación ética y moral", ha dicho el diputado de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) Hermes García.
Barreiro condenó a López el 11 de septiembre a casi 14 años de cárcel como autor intelectual de la violencia desatada en las revueltas opositoras de 2014, que se saldaron con 43 muertos. Franklin Nieves, uno de los fiscales del caso, ha revelado desde Estados Unidos que se basó en pruebas falsas, por lo que la defensa ha pedido la nulidad del proceso.
"Nos alegra que la burguesía ataque a una mujer valiente. Que la valentía sea criticada nos llena de satisfacción. Vamos por el camino correcto", ha replicado Cabello, que el 5 de enero, cuando se constituya la nueva Asamblea Nacional, abandonará la Presidencia.
'IN EXTREMIS'
El Congreso ha aprovechado para sacar adelante una batería de medidas que escaparán a su alcance una vez que los 112 diputados de la MUD hayan tomado posesión de sus cargos, en lo que supone una mayoría de dos tercios, la máxima posible.
"Queda aprobada y sancionada esta Ley de Comunicación y se remite de manera inmediata al Ejecutivo", ha anunciado Cabello. También se ha acordado la transferencia de la televisión y la radio de la Asamblea Nacional a sus trabajadores. "¡Victoria popular!", ha celebrado.
Los legisladores han aprobado igualmente hasta una decena de créditos públicos destinados a varios ministerios y al Distrito Capital, así como los presupuestos de la Asamblea Nacional, el Banco Central, la Presidencia y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
CAMBIOS EN EL TSJ
Asimismo, el PSUV ha reiterado este jueves su intención de designar a 18 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de entregar el poder a la MUD en el Congreso, lo que ha suscitado las críticas de la oposición.
La MUD asegura que los 13 magistrados titulares y cinco suplentes del TSJ cuyo mandato expiraba en diciembre del próximo año han sido obligados a renunciar para que la oposición no pueda nombrar a jueces independientes.
La designación de los magistrados del TSJ es especialmente importante en el actual contexto político venezolano, con una Asamblea Nacional en manos de la MUD --después de 16 años de hegemonía 'chavista'-- y Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
El TSJ será el responsable de dirimir los conflictos que se planteen entre Parlamento y Gobierno por la aprobación de leyes, decidiendo en qué casos prevalecerá el veto presidencial y en cuáles la decisión del Poder Legislativo.
Varias ONG han reclamado al 'chavismo' en un comunicado --recogido por la agencia de noticias Reuters-- "no designar magistrados sin condiciones de legalidad, oportunidad y transparencia", según Reuters.
