ADÍS ABEBA, 2 Mar. (Reuters/EP) -
El Parlamento etíope ha ratificado este viernes el estado de emergencia impuesto después de que el primer ministro del país, Hailemariam Desalegn, anunciara su renuncia, si bien algunos votos en contra de la medida han puesto de manifiesto disputas en las filas de la coalición gobernante.
El estado de emergencia prohíbe las protestas y restringe las publicaciones que se considera que incitan a la violencia. La medida fue impuesta el 16 de febrero, un día después de la sorpresiva renuncia de Desalegn, la primera de un jefe de Gobierno en la historia moderna de Etiopía.
La ratificación del estado de emergencia por parte del Parlamento era esperada, ya que la coalición gobernante, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, integrado por cuatro partidos regionales, controla los 547 escaños.
"Hemos llegado a una fase en la que, en un país con leyes, todo tipo de actos ilegales, incluida la incautación de tierras se están cometiendo sin cesar", ha defendido el fiscal general, Getachew Ambaye. "El estado de emergencia se hizo necesario para la estabilidad", ha añadido.
La Cámara de Representantes del Pueblo ha adelantado en semanas su receso para celebrar una sesión de emergencia en la que 395 diputados, de los 490 presentes, han votado en favor de la ley. Pero el número de votos en contra, 88, y las siete abstenciones, ponen de manifiesto las fricciones existentes en el partido gobernante.
El Gobierno ha tratado de aplacar el creciente enfado entre los dos mayores grupos étnicos del país, los oromo y los amhara, que se quejan de estar infrarrepresentados en el poder y que han protagonizado en los últimos años protestas que se han saldado con cientos de muertos.
Los oromo se quejan de que tienen una influencia marginal en la coalición gobernante, que denuncian que está dominada por el Frente para la Liberación del Pueblo Tigray, de la región del mismo nombre, en el norte del país.
Desde enero, el Gobierno ha intentado rebajar las tensiones con la liberación de más de 6.000 prisioneros, entre ellos algunos destacados opositores, muchos de los cuales fueron detenidos durante las protestas y algunos estaban acusados de cargos de terrorismo.
Algunos diputados oromo que votaron en contra del estado de emergencia han pedido aclaraciones sobre su aplicación, argumentando que podrían producirse violaciones de los Derechos Humanos. Se espera que la cúpula de la coalición gobernante anuncie al sucesor de Desalegn la próxima semana tras una votación.
