La revocación del decreto revela graves incompetencias en la Administración Trump, que sin embargo mantiene opciones para restaurarlo
NUEVA YORK, 10 Feb. (EDIZIONES) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reaccionó este jueves desde su cuenta de Twitter a la nueva anulación de su orden de veto migratorio con una promesa en mayúsculas de "acudir a los tribunales" para pelear contra esta decisión, sin especificar el próximo paso a dar ni indicar la vía que perseguirá para resolver un complicado litigio.
Litigio que encierra dos dilemas: el primero, nítido, sobre los límites de la autoridad presidencial y la separación de poderes en Estados Unidos. El segundo, sin embargo, es más esquivo, y remite al uso de las palabras, de las amenazas y del estado de miedo que ha generado Trump desde su llegada al poder en un amplio sector de la población, de la política y de la Judicatura, y que por primera vez con esta batalla en los tribunales, ha cobrado una especie de personalidad jurídica.
No es ilegal que un presidente exprese su disconformidad con una decisión judicial. Pero que lo haga cuestionando las cualificaciones del magistrado en cuestión, como hizo Trump al calificar públicamente de "supuesto juez" al magistrado James Robart, responsable de anular por vez primera una orden migratoria que Trump y sus aliados describieron en días previos como un "veto a los musulmanes" es terreno prácticamente desconocido en la América contemporánea. Y este lenguaje ha sido esencial para que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminara a última hora del jueves la segunda anulación al veto migratorio.
¿Por qué la importancia del lenguaje? Porque es un pilar en el que se han amparado los demandantes contra la orden, finalmente favorecidos por el Tribunal de Apelaciones, al considerar que el veto migratorio implica la privación de "la vida, la libertad y la propiedad sin el llamado 'debido proceso'", el principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley.
Es decir: el Tribunal ha aceptado el postulado de que el veto migratorio esconde un acto de discriminación religiosa. Sin embargo, la Administración Trump se agarra a un anexo del dictamen, por el que la corte se reservaría el derecho a estudiar de nuevo su sentencia en un futuro "a partir de pruebas más allá del lenguaje de la orden". Dicho de otro modo: a estudiar la apelación de la Casa Blanca como una orden directa del presidente de Estados Unidos. Una vía por la que Trump puede ganar.
EL PODER DE TRUMP
La Ley de Inmigración de 1952 dispone, textualmente, que "el presidente dispone de una amplia autoridad para imponer condiciones a la entrada de extranjeros". Es una declaración deliberadamente vaga cuya extraordinaria capacidad se ve definida por sus mínimas limitaciones. Para imponer esas condiciones, el presidente solo necesita "entender que esta entrada sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos". No se especifica qué se entiende por "perjudicial". Esa potestad le corresponde al presidente.
Con esta ley en la mano y según un informe de la organización no partidista Congressional Research Service (CRS), Trump podría restaurar el veto en un futuro donde los tribunales, como argumenta el grupo, no tendrían más remedio que aceptar la orden migratoria en el momento en el que la Casa Blanca esgrimiera un "motivo racional" para excluir a ciertas nacionalidades de su entrada a Estados Unidos. Hasta ahora, la Casa Blanca ha sido incapaz de argumentar nada más allá de la "discriminación" gratuita mencionada. Pero si demostrara claramente una amenaza a la seguridad, todo podría cambiar.
Sucede no obstante que la espantosa ejecución de la orden no ayuda a los intereses de Trump ni de su círculo de asesores, con Steve Bannon y Stephen Miller a la cabeza. Su implantación a toda velocidad desató el caos en los aeropuertos, su ambiguo lenguaje desconcertó a las fuerzas de seguridad, y su falta de coherencia al dejar fuera a países asociados con ataques terroristas a Estados Unidos restó buena parte de su legitimidad a un documento redactado en la más estricta intimidad del Despacho Oval y sin las recomendaciones del Departamento de Estado. Factores que pueden pesar en nuevos enfrentamientos en los tribunales.
POSIBLES OPCIONES A SEGUIR
El experto en Derecho de la Universidad de Berkeley, William Fernholz, no anticipa un escenario sencillo para la Casa Blanca. La vía rápida en este caso sería solicitar una nueva orden de restricción sobre la anulación del veto migratorio; orden que deberían pedir al mismo tribunal que anuló el veto -- el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circito --. Y es muy posible que tuvieran que hacerlo ante exactamente los tres mismos jueces que dictaron sentencia contra la orden, y que probablemente no tengan muchas ganas de volver a lidiar con esta cuestión.
La segunda opción consistiría en acudir al pleno del tribunal -- 11 magistrados --, reservado a casos de extrema importancia. El Gobierno dispone de 14 días desde hoy para hacerlo. Sin embargo, ello requeriría que una mayoría simple de los jueces del Tribunal aprobaran la restitución del veto mientras durara el litigio, algo imposible dado el Tribunal del Noveno Circuito es uno de los más liberales del país
La tercera y más largoplacista es, paradójicamente, la más sensible: el Tribunal Supremo, actualmente dividido a la espera de la ratificación del juez propuesto por Trump, Neil Gorsuch, y caracterizado por su lentitud. La apelación al Supremo puede ser directa y tendría lugar en cuestión de días o cuestión de horas, nadie lo sabe y correspondería al juez supremo Anthony Kennedy decidir si acepta o por el contrario, como se espera, solicitar al resto de magistrados su opinión. Pero es una corte que tardó seis años en emitir una sentencia sobre la presunta violación del 'habeas corpus' de los prisioneros de Guantánamo.
Y, por si fuera poco, quedan todavía docenas de frentes abiertos en lo que se refiere a esta crisis aduanera. Hoy viernes un tribunal federal de Virginia se pronunciará sobre una demanda presentada por residentes legales de Virginia detenidos en el Aeropuerto de Dulles, en Washington. Una más entre las presentadas por estados, ONG, grupos por las libertades civiles, con la ACLU a la cabeza.
La batalla no va a dejar los tribunales. En los próximos días se espera movimiento por parte de los abogados de la Casa Blanca para intentar recabar más información y encontrar posibles resquicios por los que poder rebatir la orden en un futuro. La Administración Trump ha perdido varios asaltos consecutivos, pero el tiempo y el sempiterno argumento en pro de la "seguridad nacional" podrían comenzar a jugar lentamente en su favor.
