El Partido Comunista revela sus planes quinquenales para combatir la corrupción en el Gobierno chino

Publicado 25/12/2013 17:16:49CET

PEKÍN, 25 Dic. (Reuters/EP) - El gobernante Partido Comunista de China (Pcch) ha dado a conocer este miércoles las líneas generales de su plan quinquenal para combatir los sobornos, con particular atención en las formas de corrupción que desatan protestas o se registran en el curso de reformas económicas.

El presidente Xi Jinping ha lanzado una extensa campaña contra la corrupción desde que asumió el poder, apuntando a funcionarios de todos los rangos -tanto los llamados "tigres" como las "moscas"- en el Gobierno, el Ejército, las empresas estatales y las universidades.

El organismo del partido encargado de perseguir la corrupción, la Comisión Central de Disciplina e Inspección, ya anunció en noviembre que profundizará en su guerra contra la corrupción a través de controles exhaustivos a los altos funcionarios del Gobierno.

El plan quinquenal fue aprobado a fines de agosto pero sólo ahora fue divulgado por completo, por la agencia oficial de noticias Xinhua.

La comisión resaltó en sus conclusiones los desafíos a los que se enfrenta el partido en cuestiones de gobernanza, reformas, y aperturismo al correr el peligro de distanciarse demasiado de las peticiones del pueblo.

El partido debe "profundizar la lucha por la gobernanza del partido y limpiar el gobierno y combatir la corrupción para asegurar que siempre mantenga la firmeza de su liderazgo central".

La comisión también dijo que el partido prestaría especial atención a la corrupción en el curso de las reformas económicas, que incluyen la reorganización de poderosas industrias estatales, para abordar las manifestaciones derivadas de las leyes inmobiliarias que el Estado chino reformará en los próximos meses.

Cerca de 90.000 "incidentes masivos" - un eufemismo para protestas - ocurren cada año en China, de los cuales dos tercios son desatados por disputas sobre tierras. El Gobierno ha prometido reiteradamente combatir las tomas ilegales de terrenos, pero con pocos efectos aparentes.

Existe una amplia creencia de que los desalojos forzados y la confiscación de tierras enriquecen a funcionarios a expensas de los residentes, ya que las tierras suelen venderse con grandes ganancias a las constructoras.

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