MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Red de Acción Legal Global (GLAN, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda ante el Tribunal Penal Internacional para que investigue si la política del Gobierno de Australia en torno a los centros de migrantes en las islas de Manus y Nauru constituye un delito contra la humanidad.
En un documento de 115 páginas, la GLAN ha instado al TPI a declarar la política migratoria australiana un ataque contra la población civil, algo que, en virtud del Estatuto de Roma, podría ser declarado delito contra la humanidad.
"Los Gobiernos de Australia han intentado externalizar las instalaciones de detención y así evitar responsabilidades, sellando acuerdos con Nauru y Papúa Nueva Guinea y contratando a empresas privadas para que dirijan las instalaciones", se puede leer en el documento, recogido por la cadena australiana ABC.
La organización cita, para su demanda, la "grave" naturaleza de los delitos y el importante número de personas afectadas e insta a investigar al Gobierno y a otras agencias implicadas en esta política.
La actual política con respecto a los centros de detención de migrantes en las islas cuenta con el apoyo tanto de la coalición gobernante como de los laboristas.
Naciones Unidas ya condenó en el pasado esta política migratoria, asegurando que supone una "mancha" en su reputación como país y que "está muy por detrás de los estándares internacionales".
El pasado mes de noviembre, Australia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo --aún con Barack Obama en el Gobierno estadounidense-- para el realojamiento de cientos de inmigrantes detenidos en Manus y Nauru, consideradas a todos los efectos como "islas prisión".
El objetivo de este tratado es resolver la situación de 1.200 hombres, mujeres y niños detenidos en los centros de refugiados de las islas de Manus y Nauru, y que tendrán tres opciones: de buscar alojamiento en EEUU, regresar a sus hogares, o quedarse en Nauru.
"La aproximación punitiva que ha adoptado Australia hacia los inmigrantes solo ha servido para erosionar sus derechos humanos", sentenció entonces el relator especial de la ONU para los Derechos de los Inmigrantes, François Crépeau.
"Si bien Australia tiene el poder de admitir, negar la entrada o retornar a los inmigrantes, también tiene la obligación de respetar sus derechos humanos", remachó Crépeau, denunciando el "inmenso sufrimiento", físico y mental, que han padecido los detenidos.
