BUDAPEST, 6 Jun. (Reuters/EP) -
Las políticas de inmigración adoptadas por el Gobierno de Hungría han sido cuestionadas después de que un inmigrante sirio se ahogara la semana pasada al tratar de cruzar el río Tisza, según ha informado este lunes la Policía húngara, que ha confirmado a Reuters la muerte del hombre de 22 años.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por su parte, ha emitido un comunicado en el que exige que se abra una investigación para estudiar lo sucedido. El organismo ha señalado que la política húngara de admitir únicamente a unos 15 o 17 solicitantes de asilo al día ha provocado que muchos de ellos acaben en manos de traficantes o siguiendo rutas peligrosas.
"Las circunstancias que han llevado a esta trágica muerte tienen que ser minuciosamente investigadas por las autoridades de ambos lados de la frontera", ha señalado la representante regional de ACNUR para Europa Central, Montserrat Feixas Vihe. "Actualmente hay cientos de solicitantes de asilo esperando en las zonas de tránsito en Hungría para acceder al proceso de selección, y la mayoría de ellos son niños y mujeres", ha añadido.
La Policía ha indicado que una patrulla observó, el 1 de junio sobre las seis de la mañana, a dos personas nadando en el Tisza, cerca de la localidad de Roszke. Tras percatarse de que habían sido descubiertos, dieron la vuelta hacia Serbia, pero sólo uno consiguió llegar. La Policía notificó lo sucedido a las autoridades serbias y el cuerpo fue hallado el 3 de junio. Durante la operación, la Policía también rescató a una familia iraquí de cinco personas, según fuentes policiales.
El primer ministro, Victor Orban, ha ido endureciendo la política antiinmigración desde que los inmigrantes comenzaron a llegar a Europa en 2015. Además, ha hecho construir una valla de seguridad y ha rechazado el sistema de cuotas de la Unión Europea.
Las medidas tomadas por Hungría, que incluyen juicios por vía rápida para castigar a aquellos que atraviesen la valla, podrían entrar en conflicto con las convenciones internacionales sobre refugiados y Derechos Humanos, según ha denunciado la ONU.
