El presidente rumano recurrirá la reforma judicial del Gobierno ante el Constitucional

Klaus Iohannis
REUTERS / FRANCOIS LENOIR
Actualizado: miércoles, 2 mayo 2018 16:37

BUCAREST, 2 May. (Reuters/EP) -

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha anunciado este miércoles que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma judicial impulsada por el gobernante Partido Socialdemócrata, al entender que pone en riesgo la independencia de los jueces.

El Gobierno se sirvió de su mayoría parlamentaria para aprobar en diciembre, en tiempo récord, un paquete de tres leyes criticado tanto por la oposición interna como por las autoridades europeas. También se convocaron movilizaciones masivas en las calles de Rumanía.

Para Iohannis, "la injustificada velocidad y la forma autoritaria en la que tuvieron lugar los debates parlamentarios ha generado mucha desconfianza". En este sentido, ha recordado en declaraciones a los periodistas que la reforma tiene en contra a las asociaciones judiciales y ha generado "grandes dudas" en Bruselas.

La oposición ya ha impugnado las leyes este año dos veces ante el Tribunal Constitucional y en ambas ocasiones los magistrados sentenciaron que parte del contenido es ilegal. Iohannis quiere llevar el caso de nuevo ante el Constitucional pero también ante la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

Según el presidente, la reforma debilitaría la capacidad de la Fiscalía y daría pie a nuevas estructuras que podrían ser utilizadas para la intimidación de los magistrados, como por ejemplo una unidad especial centrada en el análisis de los posibles delitos cometidos por el personal judicial.

Asimismo, ha expresado su temor por el aumento de competencias del Ministerio de Justicia, que asumiría parte de la responsabilidad que ahora recae en el órgano de gobierno de los jueces, y ha alertado de que el apartado que facilita la jubilación de los magistrados podría derivar en un bloqueo de los procedimientos.

Si el Constitucional le da la razón a Iohannis, las leyes volverían de nuevo al Parlamento, donde los diputados deberían eliminar los artículos que hayan sido considerados ilegales. Ambas cámaras tendrían entonces que aprobar de nuevo este paquete legislativo.

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