Odebrecht
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Actualizado: viernes, 24 marzo 2017 19:12

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Procuraduría de Colombia ha instado al Tribunal Administrativo del departamento de Cundinamarca a poner en marcha medidas urgentes para congelar las acciones y las participaciones de la empresa constructora brasileña Odebrecht en el marco de un caso de corrupción que ha salpicado a varios gobiernos de la región, según ha informado este viernes el diario colombiano 'El Espectador'.

Odebrecht, que admitió el pago de sobornos a funcionarios de doce países para conseguir contratos públicos, continúa vinculada al contrato de la Ruta del Sol --una importante carretera de la Red Nacional de Vías--, cuya terminación "no se ha producido aún", según ha señalado el Ministerio Público.

El pasado 22 de febrero, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), dependiente del Gobierno colombiano, anunció que había llegado a un acuerdo para la "terminación y liquidación del contrato de concesión" del tramo dos de la Ruta del Sol, cuya licitación fue adjudicada a Odebrecht mediante sobornos al Ministerio de Transporte.

La Procuraduría ha destacado la importancia de impedir que las acciones de la empresa sean vendidas o compradas antes de que se produzca la liquidación y terminación total del contrato. Por el momento, el control de las obras realizadas --que a 31 de diciembre suponían un 54 por ciento del total-- y de las actividades pendientes se encuentra en manos del Gobierno.

La preocupación de la entidad de control también radica en la garantía de que se protejan los derechos de los trabajadores, motivo por el que este organismo anunció un aumento de la vigilancia y del seguimiento en al menos cinco departamentos que atraviesan la Ruta del Sol.

Por otra parte, la Procuraduría ve "indispensable" que el Estado pueda adelantar con urgencia la celebración de un nuevo contrato para la terminación del proyecto de forma lítica y mediante un proceso de transparencia.

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.

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