Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 26/07/2010 14:41
La organización Global Witness ha presentado este lunes una demanda ante el Tribunal Supremo de Reino Unido contra el Gobierno británico en la que afirma que éste actúa de forma ilegal por no elaborar una lista con los nombres de las compañías y personas británicas que comercian en el denominado 'conflicto de minerales' de República Democrática del Congo (RDC).
Una serie de empresas británicas que comercian con minerales con origen en el este de RDC deberían haber sido nombrados ante el Comité de Sanciones de la ONU después de las resoluciones que el Consejo de Seguridad emitió en 2008 y 2009. Al no investigar adecuadamente las empresas y personas, el Gobierno de Reino Unido está incumpliendo sus obligaciones legales internacionales, afirma Global Witness.
"Es un día triste éste en el que tenemos que demandar al Gobierno británico, pero esperamos que este caso marque un punto y aparte. Estas cuestiones tienen un significado global sobre cómo se financian las guerras", afirmó el director de campañas de la organización, Gavin Hayman. "Estas empresas se han beneficiado de un conflicto brutal, y deberían enfrentarse a las sanciones de la ONU, pero las sanciones son inútiles sin un procedimiento gubernamental claro y justo en el que se considere si algunas personas o compañías deberían ser catalogadas", añadió.
Las pruebas amplias de la organización, el Grupo de Expertos de la ONU y otros, demuestran que las empresas británicas han apoyado a grupos armados mediante la adquisición de minerales procedentes de zonas bajo su control en RDC. A pesar de esto, indica la ONG, el Gobierno británico nunca los ha clasificado para que sean sujetos a sanciones.
"El vínculo entre los recursos naturales y el conflicto en RDC es bien conocido. Los grupos armados que controlan el comercio de los minerales usan el dinero para comprar armas y financiar sus campañas violentas contra los civiles", indicó Hayman. "Las resoluciones de la ONU reconocieron que las empresas cuya fuente de ingresos está directa o indirectamente en la región son parte del problema", añadió.
Según el comunicado de la organización, la respuesta recibida del Gobierno británico revela la ausencia de un proceso justo y claro a la hora de clasificar a compañías y personas de cara a las posibles sanciones de la ONU.
El Gobierno arguye que las resoluciones de la ONU no tienen un efecto retroactivo, y que cualquier prueba reunida antes de que se aprobara la primera resolución no pueden utilizarse para aplicar sanciones. También afirma que la prueba de violaciones contenida en el informe de noviembre de 2009 del Grupo de Expertos de la ONU es insuficiente para justificar dicha clasificación.
El comunicado también indica que Global Witness está intentando conseguir una orden por la que la nueva coalición gubernamental vuelva a estudiar la decisión de sus antecesores y realice una clasificación de las compañías y personas que violaron los términos de las resoluciones de la ONU.