MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Corea del Sur ha realizado este miércoles registros en las sedes de la compañía Samsung y del fondo de pensiones estatal, en el marco del escándalo de corrupción en el que se ha visto envuelta la presidenta del país, Park Geun Hye.
Los investigadores han llevado a cabo estas redadas ante las acusaciones de que la oficina presidencial pudo tener cierta influencia en la decisión del fondo de pensiones de respaldar el plan de fusión de Samsung el año pasado, según ha informado la agencia surcoreana de noticias, Yonhap.
El Servicio Nacional de Pensiones (SNP) --que obtuvo un 11,6 por ciento de las acciones de Samsung C&T, la rama de construcción de Samsung, y un cinco por ciento de las de Cheil Industries-- jugó un papel clave en la fusión de ambas unidades, según la citada agencia.
En concreto, los fiscales están investigando si Park presionó al SNP para que apoyara a Samsung a cambio de que la compañía respaldara a la confidente de la presidenta Choi Soon Sil, imputada el domingo.
La semana pasada se citó a declarar al presidente del Grupo Hyundai Motor, Chung Mong Koo, y al vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae Yong, sobre las donaciones de fondos de sus compañías a dos organizaciones sin ánimo de lucro controladas por Choi.
En esta redada las autoridades han confiscados discos duros de varios ordenadores, teléfonos móviles y documentos relacionados en la sede del SNP en Jeonju, a unos 240 kilómetros al sur de la capital, Seúl, y en su oficina del sur de la capital.
PAPEL DEL SNP EN LA FUSIÓN
El respaldo del SNP a la fusión de Samsung C&T y Cheil Industries levantó serias críticas, ya que esta decisión no fue revisada por una junta independiente.
Los fiscales sospechan que el grupo entregó 3.500 millones de wones --unos 2,8 millones de euros-- a una de las compañías de las que Choi --la confidente de Park-- era propietaria. Asimismo, creen que Samsung entregó otros 20.400 millones de wones --más de 16 millones de euros-- a otras dos fundaciones sin ánimo de lucro gestionadas por Choi.
La detención de Choi a finales de octubre por cargos de fraude y abuso de poder ha hecho estallar la polémica, desatando manifestaciones masivas en el país.
Además de Choi, dos exasesores presidenciales han sido detenidos, y la propia presidenta será interrogada por este caso. A pesar de haberse disculpado públicamente ante el pueblo, el índice de aprobación de Park cayó a un mínimo histórico del 5 por ciento, según la compañía local de sondeos Gallup Korea.
La Constitución de Corea del Sur no permite procesar a un presidente en ejercicio, pero algunos funcionarios de alto rango han señalado que es admisible un interrogatorio como parte de una investigación más amplia.
