Reino Unido inicia este miércoles su camino sin retorno de salida de la UE

Bandera británica y Big Ben
MICHAEL KAPPELER/DPA
   
Actualizado 28/03/2017 17:57:42 CET

El país deberá negociar un nuevo acuerdo con la UE y transponer el derecho comunitario a su legislación

LONDRES, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido efectuará este miércoles el último trámite para iniciar su divorcio definitivo de la Unión Europea: la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa. El Gobierno de Theresa May cumple así con el calendario que se fijó ésta hace unos meses, después de que los británicos decidieran en junio en referéndum que querían abandonar el bloque.

May enviará este 29 de marzo al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la carta en la que Reino Unido informará oficialmente de que quiere iniciar la negociación para abandonar la Unión Europea, a la que entró en 1973. Está por ver si la misiva no es más que una mera notificación o en ella el Gobierno británico formula las que serán sus 'líneas rojas'.

Arrancará así un proceso irreversible que terminará la con la salida de Reino Unido de la UE como muy tarde el 30 de marzo de 2019, o antes, si el país es capaz de negociar su salida en un plazo inferior a los dos años previstos.

El pasado 17 de enero, la primera ministra ya había expuesto sus prioridades de cara a la negociación. Entonces, ya dejó claro que buscará un acuerdo que sea ventajoso para Reino Unido y que el país en ningún caso pretende seguir siendo un "miembro parcial" del bloque, aunque esto suponga renunciar a formar parte del mercado único.

La primera ministra ha repetido por activa y por pasiva, la última vez este lunes en Escocia, que la salida de la UE no significa alejarse de Europa, pero también que Reino Unido aspira a desempeñar un mayor papel en la escena internacional del que tiene actualmente.

DIRECTRICES DE TUSK

Un vez que Tusk tenga la carta de May en su haber, el presidente del Consejo Europeo ha prometido que en 48 horas enviará al resto de capitales europeas las que serán las directrices de cara a la negociación, pero los 27 no fijarán sus 'líneas rojas' hasta la cumbre extraordinaria que el ex primer ministro polaco ha convocado para el 29 de abril.

Aquí, en opinión del investigador principal para Europa del CIDOB, Pol Morillas, los 27 tratarán de "demostrar la unidad respecto al proceso de divorcio" y se fijarán "las grandes 'líneas rojas' que no se pueden pasar, principalmente que si uno se va de la UE se va del todo y que no es posible elegir solo lo que interesa ('cherry picking')".

Estas grandes líneas serán las que fijarán la labor del negociador jefe de la Comisión Europea --que es la encargada de negociar--, Michel Barnier, quien se espera que una semana después de la cumbre del 29 de abril formule ya cómo se estructurarán las negociaciones.

El Artículo 50 del Tratado de Lisboa contempla que el proceso de negociación se prolongue un máximo de dos años, tras lo cual, a falta de acuerdo, Reino Unido abandonaría igualmente el bloque. Según Morillas, se espera que el proceso no se prolongue más de 18 meses, ya que se quiere haber concluido con la ratificación antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán en mayo de 2019.

No está claro aún si en su carta, May dejará por escrito cuáles son las 'líneas rojas' para su Gobierno ya que, según el experto del CIDOB, hay división en su gabinete. Los partidarios de que esto sea así esgrimen el argumento de que si no lo hacen ahora serán los 27 los que fijen primero las suyas en la cumbre del 29 de abril.

En este sentido, según Morillas, aunque desde un lado y desde otro se intenten marcar las grandes líneas, la celebración de elecciones en abril en Francia y en Alemania en septiembre "muy probablemente" podría cambiar el panorama, puesto que en el primer país habrá "un nuevo presidente", ya que François Hollande no opta a la reelección, y en el segundo la canciller Angela Merkel podría perder frente al socialdemócrata Martin Schulz.

También existe la opción de que la negociación se prolongue más de los dos años previstos, pero para ello haría falta la unanimidad de los 27 socios, además de Reino Unido. "Aquí es muy probable que alguno de los estados miembro, sobre todo ante la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, se oponga a ello", ha valorado el investigador del CIDOB.

RELACIÓN FUTURA

Al margen de la negociación de la salida, Reino Unido deberá negociar con la UE su relación futura. Las dos partes deberán cerrar un nuevo acuerdo internacional, cuya negociación suele dilatarse en el tiempo, y que se prevé tenga un marcado cariz económico, dados los intereses expresados por Londres y su papel actual dentro del bloque en materia comercial.

Dicha negociación, en opinión de Morillas, lo más probable es que se realice de forma paralela con el fin de evitar cualquier "inestabilidad", sobre todo en materia económica y de derechos de los ciudadanos, que la falta de un acuerdo pueda ocasionar.

"Es necesario como mínimo un acuerdo interino o pasarela, que no sea definitivo, pero que sí ordene las cuestiones que ni la UE ni Reino Unido quieren dejar en el limbo, como es el caso de los ciudadanos británicos que viven en países de la UE y viceversa", ha añadido.

Además de sentar las bases de cómo será su relación futura con la UE, Reino Unido tiene otro asunto más que resolver en los dos próximos años: la trasposición de todo el acervo comunitario a su legislación con el fin de garantizar la continuidad, sobre todo para los trabajores y los negocios.

PAGAR LA FACTURA

Uno de los aspectos que se antojan más espinosos en las negociaciones es la 'factura' que Londres debe pagar antes de abandonar la UE, según Barnier. El negociador de la Comisión Europea sostuvo el pasado 22 de marzo que Reino Unido tiene un compromiso de contribuir con el 14 por ciento al presupuesto comunitario, un compromiso que se hace a siete años.

"No es un castigo, no habrá una 'cuenta de salida', simplemente existe la obligación de ser mutuamente responsables y saldar sus cuentas", justificó. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ofreció dos días después una estimación del monto a que ascendería la factura: 60.000 millones de euros.

"El Gobierno y el parlamento británico asumieron ciertos compromisos como miembros de la UE y deben cumplirse", sostuvo Juncker. Por el momento, el Gobierno británico no parece estar por la labor y su ministro de Comercio, Liam Fox, ya dijo a principios de febrero que consideraba "absurdo" que se planteara esta hipótesis.

DEROGACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO

En este sentido, el Gobierno ya ha adelantado que este mismo jueves 30 de marzo publicará el 'libro blanco' de lo que ha dado en llamar 'Great Repeal Bill' (ley de la gran derogación) por la que se pondrá fin a la supremacia del derecho comunitario sobre la legislación.

Según la predicción de un informe de la biblioteca de la Cámara de los Comunes, será "uno de los mayores proyectos legislativos llevados a cabo nunca en Reino Unido" ya que el derecho comunitario está recogido en decenas de miles de tipos de documentos y algunas de estas normas no serán fácilmente transponibles a la normativa británica.

Se espera que la ley sea presentada en el próximo discurso de la reina de esta primavera, tras lo cual deberá continuar su recorrido por las dos cámaras del Parlamento. La ley debería estar aprobada antes de que se produzca la salida de Reino Unido de la UE, puesto que ese mismo día la legislación europea dejará de ser aplicable en el país. Hasta este día, los británicos seguirán sujetos al derecho comunitario.

Una vez entre en vigor la ley de derogación del derecho comunitario, el Gobierno y el Parlamento británico deberán decidir si quieren mantener todas las normas europeas que se han transpuesto o prescindir o modificar algunas de ellas. Aquí, Londres tendrá que superar otro escollo: ¿qué ocurrirá con las leyes relativas a competencias que han sido cedidas a Escocia, Gales o Irlanda del Norte?.

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