Un relator de la ONU dice que la deportación del jeque Al Najati supone una intimidación contra los chiíes

Actualizado: viernes, 25 abril 2014 4:05

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El relator especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Religión y Creencia, Heiner Bielefeldt, ha solicitado este jueves al Gobierno de Bahréin que ponga fin al acoso contra el jeque Hussein al Najati, quien fue deportado el miércoles tras ser acusado por las autoridades de actuar como representante del gran ayatolá Alí al Sistani.

"Actuar contra la principal figura chií de Bahréin podría a equivaler a una intimidación y discriminación contra la comunidad chií a causa de sus creencias", ha dicho, antes de asegurar que Al Najati sufrió "enormes presiones y acosos" por parte de las autoridades.

"He expresado al Gobierno mi grave preocupación ante lo que parece un acto de discriminación religiosa y una imposición injustificada de restricciones sobre los derechos fundamentales de Al Najati, incluyendo su derecho a profesar pacíficamente sus creencias", ha añadido.

Al Najati fue una de las 31 personas a las que las autoridades retiraron la nacionalidad en 2013. En este sentido, Bielefeldt ha sostenido que el Derecho Internacional "prohíbe la retirada arbitraria de la nacionalidad, incluyendo por motivos religiosos".

"Al Najati ha rechazado en numerosas ocasiones participar en política y ha mantenido sus actividades en el marco de su religión. Es conocido por no haber abogado por el uso de la violencia y por no haber cometido actos contra la seguridad nacional del país", ha remachado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Irán ha tildado este jueves de "acto provocativo" la expulsión de Bahréin del jeque. "El problema con algunos integrantes del Gobierno de Bahréin es que no están comprometidos con un verdadero diálogo", ha dicho el viceministro de Exteriores para Asuntos Árabes y Africanos, Hossein Amir Abdollahian.

En este sentido, ha destacado que la deportación de Al Najati sólo complicará la situación política en el país, al tiempo que ha vuelto a negar que Teherán esté interfiriendo en los asuntos internos de Bahréin, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

El Gobierno deportó el miércoles al clérigo, tras lo que argumentó que "llevó a cabo actividades poco claras y no se coordinó con las autoridades bahreiníes, que posteriormente descubrieron que era representante de Al Sisitani".

Entre estas actividades, citó la recaudación y distribución de dinero en nombre del gran ayatolá, una de las figuras más importantes en Irak desde el fin del régimen de Saddam Hussein en 2003 y de las más influyentes dentro del Islam chií.

El partido opositor chií Al Wefaq publicó imágenes de Al Nijati a su llegada a Líbano y aseguró que ha sido expulsado tras soportar un año de acosos. Un portavoz del grupo dijo en declaraciones a la agencia británica Reuters que Al Nijati comparte la ideología de Al Sistani, sin entrar en detalles.

CONTEXTO POLÍTICO

Bahréin, gobernado por la monarquía suní de los Al Jalifa, acusa a Irán y otros poderes chiíes de azuzar las manifestaciones pro democráticas que se suceden en el país desde 2011, lo que ha sido rechazado categóricamente por Teherán.

El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.