ROMA, 10 Oct. (Reuters/EP) -
El primer ministro italiano y líder del Partido Democrático, Matteo Renzi, ha tendido este lunes la mano a los disidentes de su formación contrarios a su propuesta de reforma constitucional, aunque ha advertido de que no permitirá que tomen a Italia como rehén.
"El PD está listo para un debate serio al respecto", ha afirmado Renzi durante la reunión de la dirección de su partido, retransmitida en directo a través de Internet. Sin embargo, ha frustrado las esperanzas de ciertos sectores que exigían la aprobación de una nueva ley electoral antes de la votación.
"No podemos hacer esto durante una campaña para un referéndum. Nuestra responsabilidad es mantener al partido unido y no podemos llegar al punto en el que retengamos al país", ha argumentado.
"La reforma constitucional no es un juego. Representa un punto de partida para el país. Estamos preparados para repensarla, pero no estamos dispuestos a bloquear al país", ha argumentado Renzi.
Sin embargo, los críticos mantienen su postura. "Nos encaminamos hacia el gobierno de un jefe que 'de facto' nombrará a un parlamento y decidirá sobre todo", ha argumentado un antiguo dirigente del PD, Pier Luigi Bersani, en declaraciones al periódico 'Corriere della Sera' publicadas este domingo. Bersani ha asegurado que votará 'No' en el referéndum de reforma constitucional del 4 de diciembre.
La reforma constitucional ha sido ya aprobada por el Parlamento tras dos años de intenso debate. En la práctica supone la abolición del Senado, restringe radicalmente su capacidad para vetar leyes, y reduce las competencias de las regiones.
El actual sistema da el mismo poder al Senado que a la Cámara Baja, motivo por el que, según los defensores de la reforma de Renzi, Italia ha tenido 63 gobiernos desde la Segunda Guerra Mundial, y de que ninguno de ellos haya sido capaz de sobrevivir a los cinco años de legislatura.
Sin embargo, los partidos más importantes de la oposición han anunciado su intención de hacer campaña por el 'No' a la reforma y argumentan que eliminaría garantías democráticas.
