La justicia descarta por "ilícito" congelar cuentas de sospechosos de terrorismo y exige control parlamentario

Actualizado 24/04/2008 15:24:54 CET

LONDRES, 24 Abr. (De la corresponsal de EUROPA PRESS Eva Martínez Millán) -

El Alto Tribunal británico considera "ilícito" congelar las cuentas bancarias de los sospechosos de terrorismo y, por ello, rechazó los decretos aprobados por el Gobierno en base a una normativa de la ONU para impedir a las personas bajo sospecha, pero sin cargos, el acceso a sus posesiones.

La decisión, adoptada por el juez Collins, supone un nuevo revés para la política de endurecimiento de la lucha antiterrorista del Ejecutivo, que afronta en la actualidad una rebelión ante sus previsiones de ampliar de 28 a 42 días el período de detención sin cargos, tras haber regulado el año pasado la limitación a las cuentas bancarias como medida para implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Sin embargo, para el juez resulta "esencial" que el Parlamento intervenga en la fórmula bajo la que materializar esta aspiración ya que, según él, "no resulta apropiado" hacerlo en base a un artículo de la ONU, concretamente la sección 1 de la Ley 1946. Por su parte, en la presentación de las normas el primer ministro, Gordon Brown, había declarado al Ministerio del Tesoro como "un departamento para la seguridad".

Esta decisión condujo a la congelación de unas 500.000 libras esterlinas (650.000 euros) de unos 70 sospechosos de terrorismo bajo un procedimiento que "evitó" el preciso control parlamentario, como recoge la resolución judicial, que surge de las demandas de cinco de los afectados por unas órdenes que, según ellos, tuvieron un efecto "devastador" en su vida diaria.

"ILÍCITO"

Así, para el juez los decretos no resultan "lícitos" y precisan del visto bueno de Westminster para garantizar la legalidad de las prohibiciones impuestas sobre los desde el pasado año cinco sospechosos de "facilitar actos de terrorismo", conocidos tan sólo por las siglas A, K, M, Q y G. Así, las órdenes fueron presentadas en Westminster la jornada siguiente a su emisión y entraron en vigor 24 horas después.

En su opinión, las normas emitidas no están sujetas al mismo control de la Cámara británica que una legislación ordinaria y añadió que la adoptada no resulta la forma "adecuada" de autorizar una limitación sobre la que el Parlamento debería pronunciarse.

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