MOSCÚ, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Cámara Alta del Parlamento ruso ha aprobado una reforma del código penal para, según los opositores, encausar por alta traición a cualquier ciudadano ruso que tenga contactos con extranjeros que pretendan socavar el Estado ruso.
La nueva ley, que ya fue aprobada la semana pasada por la Duma y ahora debe ser ratificada por el presidente Vladimir Putin, incluye en el delito de alta traición el "garantizar apoyo financiero técnico o de cualquier otro tipo" a las personas que intenten dañar la seguridad de Rusia, así como "su sistema constitucional, soberanía, territorios e integridad del Estado".
La norma amplía el alcance de los artículos relativos a traición para cubrir a organizaciones internacionales que, el subdirector del FSB, Yury Gorbunov, cree que son usadas como tapadera para actividades de espionaje debido al vacío legal existente hasta ahora.
A partir de ahora se penará la obtención de secretos de estado mediante soborno, engaño, chantaje o amenazas de violencia física con multas de entre 200.000 y 500.000 rublos (entre 5.000 y 12.300 euros) o una pena de cárcel de hasta cuatro años.
Los grupos declarados culpables de este delito se enfrentarán a entre tres y ocho años de prisión, si sus actividades implican el uso de la fuerza o tecnología especial, o si estas actividades tienen consecuencias particularmente graves, informa RIA Novosti.
El partido opositor Rusia Justa ha señalado que el nuevo delito de alta traición supone que "casi cualquier ruso con contacto con extranjeros" podrá ser acusado. Activistas de Derechos Humanos aseguran que cualquier persona podría ser acusada si denuncia las políticas del Gobierno.
Alexander Cherkasov, activista del grupo Memorial, aseguró la semana pasada que "la norma está diseñada para ser interpretada de forma arbitraria". "Imagina que comienzan a tomárselo en serio y aplican la ley a cualquier persona. Esto significa acabar con toda la vida social y política, así como con las relaciones a nivel internacional", denunció.
El defensor de los Derechos Humanos en Rusia, Vladimir Lukin, nombrado por Putin, se ha puesto del lado de los críticos y ha asegurado que la nueva ley contradice el Derecho Internacional y la propia Constitución rusa al definir un delito de forma demasiado amplia para poder condenar a cualquier persona.
