Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 03/11/2009 18:08
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, adelantó este martes que las sanciones impuestas contra Honduras por el organismo regional podrían levantarse el próximo 16 de noviembre, cuando espera convocar una nueva Asamblea General del organismo.
"Queremos hacer una Asamblea General el día 16 de noviembre para levantar las sanciones a Honduras", explicó, en declaraciones a Radio Cooperativa chilena.
Por ello, subrayó la necesidad de que las partes aceleren el cumplimiento del acuerdo suscrito el pasado jueves por los emisarios del presidente 'de facto', Roberto Micheletti, y del mandatario depuesto Manuel Zelaya para poner fin a la crisis política que vive el país centroamericano desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio.
"Los tiempos apremian y ojalá que hagan lo que quieren los hondureños: la gente quiere que esto se termine", explicó el diplomático chileno.
Honduras abandonó la OEA poco antes del golpe de Estado, después de que los países miembros amenazaran con expulsarlo del bloque en respuesta al golpe de Estado del pasado 28 de junio.
El ex presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria de Estado de Trabajo, Hilda Solís, llegarán este martes a Tegucigalapa para participar en la instalación esta tarde de la Comisión de Verificación del cumplimiento del acuerdo suscrito el pasado jueves.
El acuerdo de ocho puntos implica la creación de un Gobierno de reconciliación, el rechazo a la amnistía política, el reconocimiento de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, la transferencia de la autoridad sobre las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral, la creación de una Comisión de Verificación para el cumplimiento del acuerdo y la formación de una Comisión de la Verdad para investigar los hechos antes, durante y después del golpe de Estado.
En virtud del acuerdo, las partes han pedido también a la comunidad internacional la derogación de las sanciones impuestas a Honduras a raíz de la crisis como la suspensión de toda ayuda no humanitaria y las restricciones de viajes de funcionarios del Gobierno 'de facto' y que envíe observadores internacionales a los comicios.
La presión ejercida por la delegación de altos funcionarios enviada por Estados Unidos fue clave para que a última hora de este jueves (madrugada en España) ambas comisiones pactaran poner en manos del Parlamento hondureño la decisión sobre la restitución de Zelaya, asesorado por la Corte Suprema de Justicia.
La última palabra la tiene ahora el Congreso que deberá debatir y decidir si da o no luz verde a este acuerdo, el primero que han firmado sin poner objeciones. El principal escollo, sin embargo, es el retorno de Zelaya al poder antes de que asuma el poder el nuevo presidente de Honduras en enero 2010, que resultará electo en los comicios del 29 de noviembre, algo sobre lo que debe pronunciarse el Congreso, previo dictamen de la Corte Suprema de Justicia.