WASHINGTON, 20 Ago. (Por Félix Horne, investigador para el Cuerno de África de HRW) -
Las fuerzas de seguridad etíopes mataron a tiros a al menos 100 personas hace dos semanas en el fin de semana más sangriento en los nueve meses de protestas antigubernamentales. Al contrario que en protestas anteriores, que se han visto limitadas en buena medida a la región de Oromia, las del 6 y 7 de agosto también se produjeron en la región norteña de Amhara. En total, al menos 500 personas han sido abatidas desde noviembre y decenas de miles han sido detenidas durante las protestas mayoritariamente pacíficas.
Las protestas en Oromia comenzaron en noviembre por el enfoque del Gobierno respecto al desarrollo, pero a medida que la represión se ha intensificado, las quejas de los manifestantes se han centrado en abusos y discriminación de larga data.
En la región de Amhara, los manifestantes han expresado preocupación por el dominio de aquellos vinculados con el partido gobernante en los asuntos económicos y políticos, complejas cuestiones de identidad étnica, y otras quejas históricas.
Los manifestantes prometen continuar y no hay indicios de una tregua por parte de las fuerzas de seguridad o nuevas concesiones por el Gobierno.
La tortura por parte de las fuerzas de seguridad de personas detenidas ha sido generalizada. Girma (nombre ficticio), un estudiante de 18 años, fue liberado hace unos días de una base militar etíope siete meses después de ser detenido en una protesta junto con sus compañeros de clase. Me contó cuando hablé con él tras su liberación que las palizas de cada noche le habían dejado con lesiones permanentes que le dificultaban caminar.
Tiene prohibido volver a la escuela y teme que será detenido de nuevo si busca atención sanitaria. Todavía escucha los gritos de los "cientos de manifestantes que siguen allí que fueron torturados cada noche".
"DIPLOMACIA CALLADA"
Los países donantes a Etiopía se han mantenido callados en buena medida sobre la brutal represión, presumiblemente en parte debido a la relación estratégica que mantiene el Gobierno etíope en materia de seguridad, mantenimiento de paz, migración, y desarrollo.
Durante años, Estados Unidos, Reino Unido y otros gobiernos influyentes básicamente han rechazado condenar públicamente las prácticas represivas del Gobierno etíope. Pero una estrategia de "diplomacia callada" se está viendo cada vez más limitada a medida que la situación de los Derechos Humanos en Etiopía retrocede y su respuesta de mano dura a las protestas predominantemente pacíficas está aumentando más ira y frustración.
La única pequeña buena noticia es que el silencio internacional sobre Etiopía quedó roto el 10 de agosto, cuando el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, dijo a Reuters que es necesaria una investigación internacional y la rendición de cuentas por las muertes de manifestantes.
Los manifestantes con los que hablé en las últimas semanas están reevaluando cada vez más la efectividad de sus protestas pacíficas en ausencia de justicia, rendición de cuentas, y condena internacional del asesinato, tortura y arrestos arbitrarios por parte del Gobierno. Me dijeron que están perdiendo la fe en que los gobiernos occidentales ofrezcan incluso la más ligera crítica a su Gobierno.
PODER ABSOLUTO
Hay pocas oportunidades dentro del país de observar el historial del Gobierno en materia de Derechos Humanos, de hacer que las autoridades rindan cuentas, o de acceder a la justicia. Después de que las elecciones de 2015 no cumplieran los estándares internacionales, el Gobierno controla el cien por cien de los escaños en los parlamentos federales y regionales, evitando todo debate parlamentario serio.
Los tribunales tienen escasa independencia en casos políticamente sensibles y el uso indebido de la legislación antiterrorista está ilustrado en el juicio en curso del líder opositor y defensor de la no violencia Bekele Gerba, en el juicio del traductor del Banco Mundial Pastor Omot Agwa, y en la condena de numerosos terroristas por cargos falseados.
Numerosas restricciones sobre los medios independientes y las ONG tienen como resultado un escaso escrutinio de las abusivas fuerzas de seguridad. Los periodistas internacionales también se enfrentan a restricciones como pueden atestiguar tres periodistas detenidos durante las recientes protestas.
La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía debería estar investigando abusos por las fuerzas de seguridad. Pero su falta de independencia quedó puesta de manifiesto por su informe oral al Parlamento sobre las protestas en junio. Concluyó que la fuerza letal usada por las fuerzas de seguridad en Oromia era proporcionada al riesgo al que se enfrentaban por los manifestantes. Se desconoce si la versión escrita del informe está disponible para justificar tal conclusión aparentemente politizada.
El resumen fue publicado solo unos días antes de que Human Rights Watch emitiera un informe describiendo el uso excesivo de la fuerza que resultó en la muerte de alrededor de 400 personas durante los primeros seis meses de las protestas.
"ESPERAR LA MUERTE"
El escrutinio internacional al historial de derechos en Etiopía también sigue ausente pese a su elección en junio para ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, y su pertenencia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que le pide que mantenga "los más altos estándares en materia de Derechos Humanos" y cooperar con los observadores de la ONU. Etiopía ha negado la entrada a todos los relatores especiales de la ONU desde 2007. Entre las solicitudes pendientes están las de los relatores especiales sobre tortura, libertad de opinión y expresión, y reunión pacífica.
Los aliados de Etiopía deberían respaldar el llamamiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y presionar para una investigación internacional. Tal paso enviaría un mensaje potente y atrasado al Gobierno de que sus fuerzas de seguridad no pueden disparar y matar a manifestantes pacíficos con impunidad. También enviará un mensaje importante a las víctimas y familias de que sus peticiones de justicia se han escuchado.
Los aliados de Etiopía deben adoptar urgentemente un nuevo enfoque antes de que la actual situación descienda a una crisis política y de Derechos Humanos incluso más peligrosa e irreversible. Podrían jugar un papel de liderazgo impulsando las investigaciones y los mecanismos de control para hacer al Gobierno responsable de su brutal respuesta al ejercicio por parte de la ciudadanía de los derechos fundamentales a la expresión y la asamblea, o el número de muertos y de torturados seguirá creciendo.
Girma, un joven estudiante, dice que quiere abandonar el país cuando su salud mejore. "Me iré porque nunca habrá Justicia para lo que me ha pasado y el mundo no hará nada", me contó. "Prefiero irme a quedarme y esperar la muerte".
Este texto ha sido publicado originalmente aquí.
