BOGOTÁ, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos ha reactivado el proceso de contratación de una Alianza Público Privada (APP) para rescatar el galeón San José, un buque español hundido por piratas ingleses en aguas caribeñas en 1708 y que fue localizado hace tres años.
En marzo se conocieron los pliegos de condiciones para el rescate, cuyo contrato tendrá un valor de 70,9 millones de dólares (unos 61 millones de euros). El tesoro --oro, plata, piedras preciosas y vestigios arqueológicos-- está valorado en unos 10.000 millones de dólares.
En julio, Santos se vio obligado a paralizar el proceso por las medidas cautelares solicitadas por un ciudadano, pero un tribunal ha dado ahora la razón al Gobierno, que cambiará de manos el 7 de agosto con la toma de posesión del presidente electo, Iván Duque.
"Hoy mismo queda reactivado el proceso de contratación de la Alianza Público-Privada que llevará a cabo la que va a ser, sin duda, la expedición científica más importante del mundo en patrimonio cultural sumergido", anunció Santos el jueves durante una celebración en el Museo Nacional de Colombia, según Caracol Radio.
Santos ha insistido en que la alianza planteada "se ajusta a la ley", después de que se haya cuestionado que se pueda dar parte del tesoro recuperado a una empresa privada. Así, ha defendido que los bienes "estarán al alcance de todos" en un museo y la operación tendrá "coste cero" para el Estado colombiano.
El galeón, una embarcación del imperio español hundida en 1708 a cañonazos por piratas ingleses con, fue localizado en noviembre de 2015, lo que ya en su día desató un litigio con la empresa cazatesoros Sea Search Armada, que se atribuyó el descubrimiento.
España defiende la propiedad de la embarcación, argumentando que es un buque de guerra con pabellón de Estado y con inmunidad soberana bajo la convención de Naciones Unidas de Derechos del Mar, de la que Colombia no forma parte. Otro de los argumentos de España se basa en que se trata de una tumba marina de 570 nacionales.
El Gobierno colombiano esgrime que la embarcación le pertenece por encontrarse en su lecho marino, aunque estaría dispuesta a compartir el patrimonio arqueológico recuperado. Santos se ha limitado a aceptar la "colaboración" que pueda brindar España.
