El Senado de Italia aprueba la reforma para impedir la prescripción de miles de delitos

 

El Senado de Italia aprueba la reforma para impedir la prescripción de miles de delitos

Senado de Italia
REMO CASILLI / REUTERS
Publicado 15/03/2017 19:23:45CET

ROMA, 15 Mar. (Reuters/EP) -

El primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, ha salido victorioso de una cuestión de confianza presentada este miércoles en el Senado italiano, lo que supone la aprobación preliminar de la reforma del sistema judicial presentada hace más de dos años por el entonces primer ministro, Matteo Renzi, para impedir la prescripción de miles de delitos en el país.

La medida ha sido aprobada por la cámara con 156 votos a favor y 121 en contra y deberá ser revisada por la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. La reforma, que refuerza las sanciones por hurto y robo a mano armada y limita la publicación de escuchas telefónicas, también supondrá la imposición de fechas límite para la resolución de los casos por parte de los jueces.

La lentitud del sistema judicial italiano imposibilita la resolución de los casos de corrupción y delitos financieros antes de que estos prescriban, lo que suele producirse en un periodo de ocho años, según han indicado varios fiscales.

El periodo de prescripción de un delito en Italia comienza cuando el delito es cometido, no cuando es descubierto, y no se extiende al periodo en el que el presunto culpable está siendo juzgado. Según el Consejo de Europa, este es el motivo por el que sólo un 1 por ciento de los presos en las cárceles italianas se encuentran en prisión por haber cometido crímenes de 'guante blanco'.

Bajo la reforma, la prescripción de los delitos en Italia quedará suspendida durante 18 meses desde la interposición de los cargos contra el sospechoso hasta el inicio del proceso judicial. También se suspenderá durante otros 18 meses desde la presentación de un recurso de apelación hasta el comienzo de dicho proceso judicial.

Varios fiscales han señalado que la reforma es inadecuada y han indicado que la prescripción del delito debería retirarse desde el momento en que la Policía abre una investigación, como sucede en Reino Unido, o cuando se inicia el proceso judicial, tal y como sucede en Estados Unidos.

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