ZÚRICH, 15 Nov. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Suiza dejará de embargar los ingresos de los solicitantes de asilo para sufragar los gastos que conlleve su atención, lo que implica el final de una polémica práctica que ha sido criticada en reiteradas ocasiones por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
El Ejecutivo impone una tasa especial que implica la confiscación del 10 por ciento de los ingresos que puedan obtener durante una década los extranjeros que residen en el país de forma provisional.
Los cambios, aplicables a partir de enero de 2018, afectarán a los extranjeros que tienen una orden de expulsión pero que no pueden regresar a sus países de origen porque su vida correría peligro o se violaría el Derecho Internacional. Muchas de estas personas quedan durante años en una especie de limbo.
"Eliminar esta tasa reduce la carga administrativa a las empresas Por otra parte, también facilita que las personas admitidas de forma provisional empiecen a trabajar", ha argumentado el Gobierno.
Suiza, no obstante, aún obligará a los solicitantes de asilo a entregar al Estado los activos en su poder que superen los 1.000 francos (856 euros) para compensar los gastos que generan, según la Secretaría de Estado de Migración.
