MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ejército tailandés ha rechazado las demandas de tres conocidos activistas, lo que podría ser el primer paso para acabar con la intimidación del Gobierno, la censura y las represalias contra los defensores de Derechos Humanos en el sur de Tailandia, según Human Rights Watch (HRW).
Este martes, el Comando de Operaciones de Seguridad Interna (ISOC) anunció que acabaría con las acciones legales contra los tres activistas, que acusaron al personal de seguridad tailandés de torturar a presuntos insurgentes musulmanes malayos desde hace más de una década.
"La decisión de desestimar los cargos contra los tres activistas es bien recibida, pero será rápidamente olvidada si el Ejército continúa obstaculizando el control de los Derechos Humanos en las provincias de la frontera del sur de Tailandia", ha asegurado el director de HRW en Asia, Brad Adams.
"La voluntad de los militares a someterse a un escrutinio independiente determinará si éste es solo un caso para mejorar su imagen o un verdadero compromiso", ha añadido Adams.
El número de casos legales contra activistas por denunciar la violación de Derechos Humanos ha aumentado en Tailandia, según HRW. La organización ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el hecho de que las autoridades, las empresas privadas y los individuos particulares, que a menudo toman represalias contra activistas, presentando demandas de difamación que les acusan de hacer declaraciones falsas.
La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes están prohibidas bajo el Derecho Internacional. La Convención contra la Tortura, que Tailandia ratificó en 2007, obliga a los gobiernos a investigar y llevar a juicio los actos de tortura cometidos por autoridades de la Administración.
Sin embargo, HRW ha señalado que el Gobierno tailandés aún tiene que procesar a personal de seguridad por los abusos contra los musulmanes malayos, que están supuestamente involucrados en la insurgencia.
