MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
Miembros de la Asamblea Nacional Popular (ANP) mantienen la toma de al menos 28 de los 81 ayuntamientos de Guerrero para exigir la aparición con vida de los 43 'normalistas' desaparecidos en Iguala.
El 24 de octubre pasado, la ANP acordó la toma de las 81 alcaldías, previa creación de los concejos municipales populares, que se han instalado en Tlapa, Tecoanapa, Ayutla de los Libres y San Luis Acatlán, informa el diario mexicano 'La Jornada'.
Desde entonces, más de veinte ayuntamientos de distintas regiones del estado han sido ocupados por organizaciones agrupadas en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), para exigir castigo a los responsables de los hechos de Iguala y protestar contra las elecciones en Guerrero, en 2015.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres y representante del MPG, Marco Antonio Adame, ha informado de que se han suspendido las actividades en 10 de los 28 ayuntamientos tomados.
Ha puesto de ejemplo que el 23 de octubre, varios integrantes del MPG y de otras asociaciones se apoderaron de la sede del ayuntamiento de Acapulco, y desde entonces el alcalde, Luis Walton Aburto, despacha en oficinas alternas.
Adame ha señalado que en la zona rural hay más empatía con el cambio del régimen político, mientras que en el sector urbano ha sido más complicado, pues hay mayor presencia de partidos políticos "y es ahí donde debemos luchar contra el clientelismo", ha asegurado.
Ha explicado uno de los casos emblemáticos, el del municipio de Tecoanapa, donde se tomó la alcaldía el 30 de noviembre, se declaró la desaparición de poderes y se instaló una asamblea municipal popular.
Félix José Rosas, vocero del movimiento magisterial en Tecoanapa, ha dicho que 33 comisarios municipales de pueblos como El Pericón, Xalpatláhuac o El Charco han respaldado la desaparición de poderes y la instalación de un concejo municipal porque en los recientes dos años ninguna autoridad combatió la inseguridad.
"Tuvieron que intervenir los policías comunitarios para acabar con la extorsión, y el cobro de cuotas a comerciantes y ganaderos de la región", ha denunciado. "Por eso vamos a llegar hasta donde quieran los ciudadanos", ha añadido.
El mismo día, en Ayutla de los Libres un grupo de ciudadanos y miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana (CRAC-PC) y de la Upoeg, conformaron el concejo municipal, tras acusar a las autoridades locales de apoyar al crimen organizado.
En ese acto, el secretario técnico de la de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, afirmó que "el narco ha dejado decenas de fosas, por eso con los concejos municipales se va a remplazar a las autoridades que no garantizan el derecho a la vida y a nuestro patrimonio".
El uno de diciembre, en Tlapa, la asamblea popular acordó integrar el concejo municipal y retomar las costumbres de los pueblos originarios. El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, acusó a las autoridades municipales de ser cómplices de la delincuencia.
