Lamenta que se procese por "calumnia" o "denuncia falsa" a quienes denuncian haber sido torturados
MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La tortura sigue siendo una práctica endémica en Marruecos pese a que las autoridades hayan acometido en los últimos años algunas reformas para acabar con su uso, según ha denunciado Amnistía Internacional (AI) en un informe en el que ha documentado 173 casos de presunta tortura y otros malos tratos.
Palizas, posturas en tensión, asfixia, simulación de ahogamiento, violencia psicológica y sexual, son algunas de las técnicas de tortura empleadas por las fuerzas de seguridad marroquíes para obtener "confesiones" de delitos o silenciar a activistas y sofocar la disidencia, según la ONG.
"Los líderes de Marruecos presentan la imagen de un país liberal y que respeta los Derechos Humanos. Pero mientras se cierna sobre la detención y la disidencia la amenaza de la tortura, esa imagen será sólo un espejismo", ha defendido el secretario general de AI, Salil Shetty.
"Si se rasca la superficie aparece la tortura, que se utiliza para silenciar la protesta y que empaña las sentencias judiciales. Oponerse a la desigualdad o defender las propias creencias comporta el riesgo de ser víctima de violencia y tortura", ha lamentado en un comunicado.
El informe, 'La sombra de la impunidad: Tortura en Marruecos y Sáhara Occidental', se basa en 173 casos de presunta tortura y otros malos tratos infligidos por la Policía y las fuerzas de seguridad a hombres, mujeres y menores de edad entre 2010 y 2014.
Según la ONG, entre ellos figuran estudiantes, activistas políticos de filiación izquierdista o islamista, partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental y presuntos terroristas y delincuentes comunes.
En el texto, Amnistía resalta que tras la llegada al trono de Mohamed VI hubiera un "reconocimiento de la responsabilidad del Estado" en las torturas y otras violaciones de Derechos Humanos cometidas durante los llamados "años de plomo" (1956-1999) y el hecho de que el país se haya sumado en los últimos años a varios mecanismos internacionales en la materia, además de incluir en su Constitución de 2012 la prohibición expresa de la tortura.
UN VERDADERO CAMBIO
Sin embargo, "el verdadero cambio exige más que un compromiso sobre el papel", defiende la ONG. Aunque el nivel con el que se recurre a las torturas "es menor que en décadas anteriores" todavía se sigue llevando a cabo porque "no se aplican las garantías existentes" sobre todo la de investigar las denuncias de estas prácticas y la impunidad que parece imperar al respecto.
Amnistía, que no ha podido realizar una misión de investigación como tal en Marruecos para elaborar su informe, ya que las autoridades prohibieron a la organización el acceso en octubre de 2014, remitió al Gobierno marroquí una evaluación preliminar de las conclusiones de su informe, a la que Rabat respondió exponiendo sus esfuerzos para combatir la tortura, incluidas las reformas jurídicas previstas.
"El Gobierno afirma que la tortura es cosa del pasado. Y ha adoptado algunas medidas, pero es que incluso un solo caso de tortura representa negligencia grave", ha sostenido Shetty, incidiendo en que la organización ha "documentado 173 en todo Marruecos y Sáhara Occidental, y de personas de toda condición".
"La legislación marroquí prohíbe la tortura, pero para que esta prohibición tenga significado en la práctica, la autoridades deben investigar debidamente las denuncias, en vez de descartarlas sin más", ha subrayado.
El informe muestra que existe riesgo de tortura desde el momento de la detención y durante todo el tiempo que la persona está bajo custodia policial. Asimismo, constata que con frecuencia los tribunales hacen la vista gorda ante las denuncias y dictan sentencias empañadas por la tortura.
PROCESADOS POR CALUMNIA
A veces incluso se procesa por "calumnia " y "denuncia falsa" a quienes se atreven a denunciar y a pedir justicia. Según Amnistía, en los últimos 12 meses las autoridades marroquíes han entablado ocho procesamientos, en aplicación de las leyes que contemplan estos delitos, contra personas que han interpuesto denuncias de tortura.
Según la legislación marroquí, la "denuncia falsa" puede penarse con hasta un año de prisión y una multa de alrededor de 500 dólares estadounidenses; y la "calumnia", con hasta cinco años de cárcel. Además, los tribunales pueden ordenar a los acusados pagar grandes sumas en concepto de indemnización por "calumnia" y "difamación".
"Marruecos se encuentra en una encrucijada: puede tomar el camino de tener un sistema de justicia lo suficientemente sólido como enfrentarse a los responsables de abusos contra los Derechos Humanos o el de protegerlos", ha advertido el secretario general de Amnistía.
"El Gobierno habla de reformas, pero las autoridades parecen más interesadas en hacer cumplir la legislación contra la calumnia que las leyes contra la tortura. Para que cambien las cosas es a los torturadores a quienes hay que ver ante los tribunales, no a las víctimas. Se debe proteger, no procesar, a quienes denuncian", ha reclamado.
TIPOS DE TORTURA
En el informe se documentan brutales técnicas de tortura utilizadas por las fuerzas de seguridad contra personas detenidas, como obligarlas a permanecer en posturas en tensión como la denominada el "pollo asado", en la que se cuelga a los detenidos por las muñecas y las rodillas de una barra de hierro.
En el caso de Mohamed Alí Saidi, un saharaui de 27 años, detenido en relación con una manifestación en mayo de 2013 en El Aaiún, le amenazaron con violarle con una botella que le pusieron delante. "Me azotaron con cuerdas en las plantas de los pies estando colgado en la postura del pollo asado (...) me introdujeron una toalla en la boca y me echaron agua en la nariz para que me atragantara", ha relatado.
Según Amnistía, dos de los hombres con los que han hablado han dicho haber sido víctimas de violaciones con objetos pero se da la circunstancia de que en Marruecos, explica la ONG, el Código Penal solo considera violación las cometidas sobre mujeres o niñas, lo que deja fuera a los hombres.
Igualmente, se documenta la impunidad de la que parecen gozar las fuerzas de seguridad para golpear a plena luz del día a manifestantes con el fin de enviar un mensaje de advertencia a quienes lo ven. Abderrazak Jkaou, un estudiante que había participado en manifestaciones, ha contado que los agentes le golpearon hasta que se desmayó "y entonces me arrojaron fuera de la universidad como advertencia a otros estudiantes".
En el caso de los saharauis, varios de los que han hablado con la ONG, incluidos menores, han declarado que las fuerzas de seguridad les han retenido a bordo de sus vehículos y golpeado antes de liberarles sin detenerles formalmente presuntamente con el objetivo de disuadirles de seguir protestando.
El objetivo de la brutalidad en los interrogatorios suele ser a menudo para obligar a los sospechosos a testificar contra sí mismos o contra otras personas por delitos que no necesariamente han cometido, explica Amnistía.
Así, se desatienden garantías básicas como la obligación de informar a la familia desde el momento de la detención, el derecho a la presencia de un abogado, el derecho a guardar silencio durante el interrogatorio y el derecho a no ser obligado a testificar contra uno mismo.
