Afirman que se podría estar deteniendo a civiles como 'moneda de cambio'
MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han denunciado este jueves que tanto las autoridades gubernamentales ucranianas como los separatistas apoyados por Rusia en el este de Ucrania están sometiendo a civiles a detención arbitraria y prolongada, y a veces secreta, y los están torturando.
"Las personas que están siendo secuestradas y escondidas en el este de Ucrania por los bandos enfrentados están a merced de sus captores", ha afirmado Tanya Lokshina, directora general de investigación de HRW para Europa y Asia Central. "En ningún caso es legal ni está justificado secuestrar a personas en la calle, privarlas de todo contacto con familiares y abogados, y someterlas a golpes y otros abusos", ha añadido.
Por su parte, el director de investigación de AI sobre Europa y Asia Central, Denis Krivosheev, ha resaltado que "la tortura y la detención secreta no son prácticas tradicionales en Ucrania; tampoco desconocidas".
Amnistía Internacional
"Están teniendo lugar ahora mismo, en ambos bandos del conflicto", ha lamentado, subrayando que "los países que ofrecen apoyo, a uno u otro bando, lo saben muy bien" y reclamándoles que dejen de "seguir cerrando los ojos ante estos abusos abominables".
En su informe conjunto 'No existes. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura en el este de Ucrania', ambas organizaciones han documentado nueve casos de detención arbitraria prolongada de civiles por parte de las autoridades ucranianas --entre ellos varios casos de desaparición forzada-- y nueve casos de detención arbitraria prolongada de civiles por parte de los separatistas respaldados por Rusia.
Para ello se han basado en entrevistas con 40 víctimas de abusos, miembros de sus familias, testigos, representantes letrados de víctimas y otras fuentes. La mayoría de los casos son de 2015 y el primer semestre de 2016, han explicado ambas ONG.
DESAPARICIONES FORZADAS Y TORTURAS
Según han explicado AI y HRW, las autoridades ucranianas y los grupos paramilitares afines a Kiev han detenido a civiles sospechosos de apoyar a los separatistas prorrusos o actuar junto a ellos, mientras que las fuerzas separatistas han detenido a civiles que presuntamente apoyaban al Gobierno ucraniano o espiaban para él.
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El informe incluye el caso de un hombre de 29 años que fue detenido y torturado primero por las fuerzas ucranianas, que le retuvieron seis semanas acusándole de colaborar con los separatistas, y después por las autoridades locales de Donetsk, que sospechaban que había sido reclutado por el Servicio de Seguridad ucraniano durante su cautividad.
Ambas organizaciones han recordado que "torturar a detenidos está siempre prohibido y es siempre un delito", reclamando que "tanto las autoridades ucranianas como las autoridades separatistas de facto deben garantizar que todas las fuerzas bajo su control son bien conscientes de esto, y afirmar inequívocamente que no se tolerarán los malos tratos a detenidos".
En algunos casos, las detenciones fueron equivalentes a desaparición forzada porque las autoridades negaron tener conocimiento de la detención de la persona o se negaron a facilitar a la familia información sobre su suerte o paradero, han explicado, subrayando que la mayoría de las personas detenidas sufrieron tortura u otros malos tratos y en algunos casos de privó de asistencia médica a heridos bajo custodia.
CIVILES 'MONEDA DE CAMBIO'
Por otra parte, han resaltado que en prácticamente todos los casos de los 18 investigados, la liberación de los civiles detenidos fue objeto de negociación en algún momento por parte del bando que los tenía bajo su custodia en el contexto de canjes de prisioneros.
Esto da pie a temer seriamente que ambos bandos estén deteniendo a civiles para tener "moneda de cambio" en caso de hacer intercambios de prisioneros, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch, subrayando que "tales detenciones constituirían toma de rehenes, que es un crimen de guerra".
Por otra parte, en tres de los casos de desaparición forzada en territorio controlado por el Gobierno, las víctimas dijeron que el Servicio de Seguridad ucraniano las había mantenido en detención no reconocida durante periodos que variaban entre 6 semanas y 15 meses. Una persona fue liberada en un canje de prisioneros, y las otras dos finalmente quedaron en libertad sin juicio.
DETENCIÓN SECRETA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD
Las dos organizaciones han llegado a la conclusión de que había habido personas en detención no reconocida e ilegítima en los centros del Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov, Kramatorsk, Izium y Mariúpol. Múltiples fuentes, incluidos detenidos recientemente liberados, han informado a las ONG de que al menos 16 personas podrían continuar en detención secreta en el centro del Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov.
En una carta dirigida a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el Servicio de Seguridad ucraniano aseguró que no dirigía otro centro de detención y que su único centro oficial de detención provisional está en Kiev, y negó tener información relativa a los presuntos abusos de este órgano documentados por ambas organizaciones.
"Las acusaciones de detención secreta contra Ucrania son convincentes y graves, y merecen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. El gobierno ucraniano debe reconocer la verdad y los países que brindan apoyo internacional deben ser directos en sus llamamientos al fin de estas prácticas", ha afirmado Krivosheev, de Amnistía Internacional.
DETENCIONES ARBITRARIAS POR LOS SEPARATISTAS
Entretanto, en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las fuerzas de seguridad locales, "que actúan sin medida ni control", han detenido arbitrariamente a civiles y, en algunos casos, los han torturado. Residentes en ambas regiones han descrito a sus respectivos Ministerios de Seguridad del Estado como los organismos más poderosos y temidos de las autoproclamadas repúblicas.
"Debido a que no existe el Estado de derecho en las zonas controladas por los separatistas, las personas detenidas se han visto privadas de sus derechos y básicamente indefensas", ha lamentado Lokshina.
Ambas organizaciones han recordado que las personas privadas de libertad por ambos bandos enfrentados en el este de Ucrania están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que prohíben inequívocamente la detención arbitraria y la tortura y otros malos tratos.
Así, han insistido en que se deben investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos y procesar en la medida de los posible a sus responsables, además de proporcionarse adecuadamente agua, alimentos, ropa, alojamiento y asistencia médica a las personas detenidas.
Igualmente, han pedido a ambos bandos que pongan fin de inmediato a las desapariciones forzadas y la detención arbitraria en régimen de incomunicación, y adopten políticas de tolerancia cero para acabar con la tortura y los malos tratos.
