Activistas prodemocracia tailandeses en una comisaría de policía en Bangkok
REUTERS
Publicado: jueves, 8 febrero 2018 7:21

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 activistas tailandeses se han entregado este jueves a la Policía para reconocer los cargos presentados contra ellos por participar en enero en una manifestación contra la junta militar en la capital, Bangkok.

Según las informaciones recogidas por el diario local 'The Nation', junto a ellos han comparecido abogados y académicos que pretenden pagar la fianza impuesta para su liberación. Otros cuatro imputados no se han presentado.

Estas 39 personas están acusadas de violar la ley aprobada por la junta militar que gobierna el país contra las reuniones políticas de cinco o más personas. Asimismo, nueve de ellas, consideradas como organizadoras, están imputadas por sedición.

El grupo se concentró el 27 de enero cerca de un centro comercial para reclamar a la junta que convocara elecciones, después de que el Parlamento votara nuevamente para aplazar la promulgación de la ley electoral.

El jefe de la junta militar que gobierna Tailandia desde el golpe de Estado de mayo de 2014, el general Prayuth Chan Ocha, dijo el 30 de enero que necesita pasar más tiempo al frente del país para poder preparar las próximas elecciones parlamentarias, las primeras desde la asonada.

Prayuth ha aplazado la fecha de las próximas elecciones legislativas en varias ocasiones desde que lideró el golpe de Estado que puso fin al Gobierno surgido de los anteriores comicios, en los que se impuso el partido Pheu Thai. El general aseguró en 2017 que los comicios se celebrarían a finales de 2018.

Algunas voces disidentes apuntan a que a Prayuth le gustaría mantenerse en el poder después de las elecciones generales. Según la nueva Constitución, aprobada en 2017, las Fuerzas Armadas tienen que aprobar al candidato a jefe de Gobierno para que este acceda al poder y los altos mandos pueden vetar a un candidato.

Otros críticos dentro y fuera de Tailandia han advertido que la junta debe permitir que un gobierno civil dirija el país o si no se arriesga a tener que lidiar con la creciente insatisfacción de la población.

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