Hasta 5.000 iraquíes habrían sido obligados a regresar a sus hogares, rodeados de artefactos sin detonar y bandas criminales
Los cooperantes sospechan que se trata de una maniobra del primer ministro Al Abadi para impedir el aplazamiento de los próximos comicios
AMRIYAT AL-FALLUJA (IRAK), 7 Ene. (Reuters/EP) -
Las fuerzas de seguridad iraquíes están expulsando a los desplazados de los campos donde se protegían de la guerra contra Estado Islámico a zonas inseguras, concretamente en la provincia de Anbar, donde quedan expuestos a las minas antipersona o a la violencia de las "patrullas callejeras", según han constatado trabajadores humanitarios de la zona.
Todo parte de lo que, consideran, se trata de una maniobra electoral del primer ministro del país, Haider al Abadi, para ganar las próximas elecciones parlamentarias sobre un mensaje de retorno a la normalidad después de años de lucha contra la organización terrorista, que ha obligado a más de dos millones de iraquíes a abandonar sus hogares.
Al Abadi, estiman, quiere aprovechar la ola de popularidad sobre la que se mueve en estos momentos para devolver lo antes posible a los desplazados a sus hogares para votar en los comicios, dado que solo pueden depositar sus papeletas en su zona de empadronamiento. Cualquier retraso electoral motivado por la ausencia de votantes podría disminuir el impacto de su victoria contra Estado Islámico entre el electorado.
Al Abadi se encuentra ahora mismo en una posición más difícil de lo que cabría pensar en un primer momento después de vencer a los yihadistas, dado que fuentes cercanas al primer ministro estiman que necesitará un triunfo electoral rotundo contra su máximo rival: los comandantes de las milicias chiíes de las Unidades de Movilización Popular, considerados como los verdaderos triunfadores del conflicto, que han declarado su intención de comparecer a las elecciones.
POR LA FUERZA
Tanto los trabajadores humanitarios entrevistados por Reuters como testimonios de los propios desplazados relatan cómo miles de personas resguardadas en los campamentos de Amriyat al Faluya, en el corazón del bastión suní de Anbar, han sido expulsadas por la fuerza de sus tiendas, obligadas a recoger sus pertenencias en menos de una hora subirse a camiones militares para regresar a sus hogares.
Según las estimaciones de los trabajadores -- todos los cuales han declarado bajo condición de anonimato -- se cree que entre 2.400 y 5.000 personas han sido objeto de este abuso entre el 21 de noviembre y el 2 de enero.
"Son retornos completamente inseguros frente a los que no tienen posibilidad de defenderse. Incluso quienes no se resisten abiertamente tienen opción alguna. No se puede decir 'no' a un montón de gente armada", denuncia uno de estos cooperantes.
EL EJÉRCITO: "ES UNA EXAGERACIÓN"
El Ejército iraquí ha rechazado estas acusaciones, que considera fruto de la exageración. "Nuestra preocupación fundamental es la seguridad de nuestros ciudadanos. Nuestro trabajo es proteger a la gente", ha declarado el portavoz de la misión de operaciones conjuntas, el general de brigada Yayha Rasool, quien ha avisado no obstante de que, tarde o temprano, "los ciudadanos deberán regresar a sus hogares".
En realidad, algunos de los trabajadores humanitarios sospechan que el Ejército no ha tenido ni voz ni voto en una decisión que ha procedido directamente de la oficina del primer ministro, según les han explicado en privado algunos comandantes militares.
Caso concreto es por ejemplo el de Salé Ahmed, de 37 años, obligado junto a su familia a regresar a Betaya, todavía enormemente peligrosa porque está repleta de artefactos explosivos colocados por Estado Islámico, según explicó el padre de Salé, Mahdi.
Un comandante local les aseguró que la zona era segura y que "mejor vivir en una tienda de campaña en tu hogar que en una tienda de campaña en un campamento". Salé se subió a regañadientes con su mujer y alguno de sus hijos. El resto se quedaron con su abuelo, Mahdi.
"Les dieron una tienda de campaña para que la pusieran en nuestro jardín", denunció el anciano.
Ocurrió lo peor. Salé y su familia fueron alcanzados por un explosivo. Su esposa falleció en el acto, su hija sufrió quemaduras por todo su cuerpo. Salé perdió un ojo.
Otro caso parecido es el de Abadalá, de 17 años, obligado junto al resto de su familia a regresar a Juweibeh el pasado mes de noviembre. No pasó ni una semana antes de que un grupo de hombres enmascarados -- posiblemente una patrulla de "vigilantes" -- entraran a tiros en su casa a las dos de la mañana. El padre de Abdalá resultó herido en una pierna y su madre perdió un dedo.
Eso sin contar que estas familias han perdido recursos económicos dado que ya no reciben dinero de los negocios improvisados que mantenían en los campamentos, donde algunos llegaban a ganar 50 dólares al mes vendiendo fruta o cortando el pelo. En sus ciudades no hay absolutamente nada: ni empleo, ni servicios básicos ni escuelas.
