WASHINGTON, 20 Nov. (Reuters/EP) -
Una corte de apelaciones de Estados Unidos ha permitido este jueves que tres mujeres indocumentadas radicadas en el estado de Texas se sumen al Gobierno del presidente Barack Obama en una solicitud para poner en marcha un programa que protegería a millones de inmigrantes en situación irregular de la deportación.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ha emitido una breve orden diciendo que las mujeres no identificadas podrán intervenir en el caso, agregando una dimensión humana a lo que sería un sonado caso ante el máximo tribunal. Ellas son representadas por el Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés).
Las órdenes ejecutivas de Obama dictadas en noviembre del 2014 permitirían que hasta 4,7 millones de inmigrantes 'sin papeles' vivan en Estados Unidos sin la amenaza de la deportación. La medida beneficiaría a personas que no tienen antecedentes penales cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses.
Una corte de distrito impidió que el programa entrara en vigor. Un tribunal de apelaciones confirmó esa decisión el 9 de noviembre, y se espera que el Gobierno presente su apelación ante la Corte Suprema en cualquier momento.
Hasta ahora, las mujeres no habían podido participar directamente en el caso después de que un juez de distrito en Texas dictaminase que no podían intervenir. La corte de apelaciones revocó esa decisión la semana pasada y este jueves ha concedido oficialmente el permiso para que las mujeres participen en la apelación ante la Corte Suprema.
El Gobierno de Obama y los 26 estados liderados por gobernadores republicanos que impugnaron la acción ejecutiva de la Casa Blanca se habían opuesto previamente a que las mujeres participaran en el caso. El Gobierno había dicho que podría representar adecuadamente los intereses de las mujeres.
Las tres mujeres son madres de niños que son ciudadanos estadounidenses y podrían ser beneficiadas por el programa, ha explicado MALDEF. Nina Perales, vicepresidenta del grupo de litigio, ha indicado que el interés de las mujeres en el caso es "muy diferente" al del Gobierno.
"Sus necesidades son inmediatas y personales (...). Ellas quieren permanecer con sus hijos y obtener el permiso para trabajar", ha sentenciado.
