El TSJ anula la investigación parlamentaria sobre la presunta malversación en PDVSA

 

El TSJ anula la investigación parlamentaria sobre la presunta malversación en PDVSA

La petrolera estatal venezolana PDVSA
MARCO BELLO / REUTERS
Publicado 28/10/2016 7:36:58CET

CARACAS, 28 Oct. (Reuters/EP) -

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha anulado este jueves la investigación parlamentaria sobre la malversación de unos 11.000 millones de dólares (unos 10.088 millones de euros) en la petrolera estatal PDVSA entre 2004 y 2014.

La comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, denunció la existencia de corrupción durante la década en la que Rafael Ramírez, actual representante de Venezuela ante Naciones Unidas, ejerció la presidencia de la compañía.

Ramírez, quien ha negado los cargos en su contra, había solicitado al TSJ amparo contra la investigación, que se enfocó en once casos que van desde un escándalo bancario en Andorra, al presunto sobreprecio en la compra de equipos petroleros.

El TSJ ha admitido la solicitud de nulidad y, si bien la sentencia completa no estaba aún disponible, el propio Ramírez ha confirmado el contenido de la misma a la agencia británica de noticias Reuters.

Los diputados que dirigieron la investigación habían dicho que buscarán que se presenten cargos penales contra Ramírez y otros directivos de PDVSA supuestamente involucrados en las irregularidades, entre ellos el actual presidente de la compañía, Eulogio Del Pino.

PDVSA ha estado envuelta en varios escándalos de corrupción en los últimos años. Esta semana, Suiza entregó a Estados Unidos unos 51 millones de dólares (cerca de 47,8 millones de euros) en activos congelados.

Estos activos estaban vinculados a una investigación estadounidense sobre un esquema de corrupción de unos mil millones de dólares (alrededor de 917 millones de euros) en la petrolera.

En 2015, la autoridad financiera de Andorra intervino la Banca Privada de Andorra (BPA) a raíz de una denuncia también de Estados Unidos por presuntas malas prácticas, que involucran el blanqueo de unos 4.200 millones de dólares (unos 3.871 millones de euros) de fondos de Venezuela.

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