El TSJ de Venezuela aprueba la extradición del narcotraficante español Rafael Rubén Núñez Cencerrado

 

El TSJ de Venezuela aprueba la extradición del narcotraficante español Rafael Rubén Núñez Cencerrado

Publicado 25/06/2017 5:28:40CET

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha aprobado este sábado que se proceda a extraditar a España al narcotraficante Rafael Rubén Núñez Cencerrado, que lideraba importantes redes de venta de drogas en todo el territorio español y fue detenido en Venezuela en enero.

"El magistrado Maikel Moreno ha declarado procedente la solicitud de extradición pasiva requerida por las autoridades judiciales del Reino de España del ciudadano español Rafael Rubén Núñez Cencerrado", ha indicado el TSJ en un comunicado.

Asimismo, la corte señaló que, de acuerdo con la sentencia que declara procedente la extradición, a Núñez Cencerrado "no se le podrá imponer la pena de muerte, ni penas infamantes como trabajos forzosos, ni cadena perpetua" y que éste no "podrá ser juzgado por otros hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición".

En este sentido, el TSJ ha ordenado remitir al Gobierno español "copias certificadas" de la decisión y de las "actuaciones que cursan en el expediente", según ha publicado el diario local 'El Universal'.

Según el la justicia, en el año 2011 a Núñez Cencerrado se le "incautaron 836,955 kilos de cocaína" en un contenedor que procedía de Ecuador. En 2009, el sujeto acordó "la venta de 70 kilos de cocaína en partidas de 10 kilos semanales".

La detención de Núñez Cencerrado tuvo lugar en enero en las proximidades de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, según han informado fuentes policiales.

La Justicia española impuso contra él en 2014 una pena de 18 años de cárcel por dirigir una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.

El narcotraficante llegó a ser detenido en 2012 e incluso ingresó en prisión provisional, pero no llegó a cumplir la sentencia de 18 años de prisión (y multa de 150 millones de euros) que le impuso la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.

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