BRUSELAS, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este jueves la legalidad de las sanciones impuestas por la UE a bancos y empresas rusas del sector del petróleo y del gas en el contexto de la crisis en Ucrania, al constatar que la finalidad de las medidas adoptadas por los Estados miembros es aumentar el coste de las acciones emprendidas por Rusia contra la soberanía de su país vecino y "promover una solución pacífica de la crisis".
Así, el TUE ha estimado que el Consejo de la UE "motivó suficientemente los actos impugnados" y ha subrayado que el objetivo declarado de estos consiste en aumentar el coste de las acciones de Rusia destinadas a "menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania" a la vez que concuerda con la voluntad de "salvaguardar la paz y seguridad internacionales".
Por ello la decisión de seleccionar empresas o sectores que dependen de tecnologías punta o de conocimientos específicos disponibles principalmente en la UE responde al objetivo de garantizar la eficacia de las medidas restrictivas, según la Justicia europea.
Asimismo, la sentencia dice que "no puede considerarse que la injerencia en la libertad de empresa y el derecho de propiedad de las entidades" afectadas resulte "desproporcionada" ya que "la importancia de los objetivos perseguidos" puede justificar las consecuencias negativas, aun cuando sean considerables, que dichos actos tengan para determinados agentes que no tienen ninguna responsabilidad respecto a la situación que condujo a la adopción de las sanciones.
PROLONGACIÓN DE SANCIONES HASTA MARZO DE 2019
Los Estados miembros han acordado este jueves prolongar otros seis meses, hasta marzo de 2019, las sanciones a 155 personas y 44 entidades rusas vinculadas a las acciones destinadas a menoscabar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania.
Estas medidas contemplan la congelación de activos de las personas sancionadas así como prohibiciones de viajar a la UE. El Consejo ha decidido mantenerlas tras constatar que no se ha producido ningún cambio en la situación que justifique su levantamiento.
Desde julio de 2014 la UE ha adoptado sanciones contra entidades rusas implicadas en la desestabilización de Ucrania que imponen limitaciones a determinadas operaciones financieras y a la exportación de productos y tecnologías sensibles, restringen el acceso de empresas y bancos al mercado de capital y prohíben que se presten servicios que son necesarios para determinadas operaciones petrolíferas.
