BRUSELAS, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que los sospechosos de haber cometido un delito tengan garantizado en cualquier lugar de la UE en que se encuentren el derecho a consultar a un abogado desde la primera fase del interrogatorio policial y a informar a su familia de su detención.
En la actualidad, las condiciones en las que los sospechosos pueden consultar a un abogado difieren de un Estado miembro a otro. Así, por ejemplo, una persona acusada de un delito puede no conseguir ver a un abogado durante el interrogatorio policial.
Las pruebas obtenidas sin presencia de un abogado tienen consideración distinta de un país a otro. Y las personas buscadas en virtud de una orden de detención europea pueden no tener acceso a un abogado en el país donde se expidió la orden hasta su entrega a dicho país.
Divergencias similares se dan en lo que toca al derecho de los sospechosos a informar de su detención a un familiar o a su empresa. Tal derecho puede no ser automático o disfrutarse en una fase tardía del proceso y al detenido puede no informársele de que se ha contactado a su familia.
La propuesta de la Comisión pretende garantizar la aplicación efectiva de estos derechos. "En caso de detención, los ciudadanos deben tener la garantía de poder consultar a un abogado en cualquier lugar donde se encuentren de la UE. Si están detenidos fuera de su país, deben tener asistencia de su consulado o embajada. La medida que se presenta hoy reforzará la confianza recíproca entre nuestros sistemas judiciales haciendo que a los sospechosos se los trate con los mismas normas mínimas de equidad en toda la UE*, ha dicho la vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding.
El derecho de acceso a un abogado es la tercera directiva de una serie de propuestas de Bruselas para garantizar derechos mínimos a un juicio imparcial en cualquier punto de la Unión Europea. Las otras son el derecho a traducción e interpretación y el derecho de información en procesos penales. Las propuestas deberán ser aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros antes de convertirse en actos legislativos.
