El Consejo de Jueces Europeos pide el máximo respeto a los derechos individuales en los casos por terrorismo

 

El Consejo de Jueces Europeos pide el máximo respeto a los derechos individuales en los casos por terrorismo

Actualizado 12/11/2006 0:29:15 CET

ESTRASBURGO (FRANCIA), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) publicó hoy una opinión sobre el papel que deberían tomar aquellos jueces que trabajan en casos en los que deben proteger los derechos humanos en el marco del terrorismo, ya sea nacional o internacional.

Para el CCJE, mientras el terrorismo crea una situación especial en la que se pueden justificar medidas específicas y temporales que que limitan ciertos derechos por el excepcional peligro que representan, estas medidas deben estar determinadas por la ley, y ser necesarias y proporcionadas con vista a una sociedad democrática.

Además, el Consejo señala que los casos de terrorismo no deberían ser remitidos a tribunales especiales, o atendidos en condiciones que infrinjan los derechos fundamentales de los individuos a un juicio justo. También indica que los tribunales deberían, en cualquier punto de la investigación, asegurarse de que las restricciones de los derechos individuales se limiten estrictamente a la protección de los intereses de la sociedad, y rechazando las pruebas obtenidas mediante la tortura o cualquier tipo de tratamiento inhumano o degradante, siendo así capaz de rechazar cualquier tipo de pruebas que se obtengan de forma ilegal.

De este modo, de acuerdo con la opinión del Consejo, las medidas de detención deberían ser provistas por la ley y estar sujetas a supervisión judicial, y los jueces deberían declarar ilegal cualquier medida de detención de carácter secreto, de duración ilimitada o que en las que no intervengan un tribunal de acuerdo con la ley.

El documento indica que los jueces deben, además, asegurarse de que se mantiene el equilibrio entre la protección de testigos y víctimas de actos de terrorismo y aquellos acusados de los crímenes pertinentes; y que mientras los estados deben tomar medidas administrativas para evitar los actos de terrorismo, debe mantenerse otro tipo de equilibrio, esta vez entre la obligación de proteger al pueblo contra los actos terroristas, y la obligación de salvaguardar los derechos humanos.

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