BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)
La Unión Europea ha manifestado su preocupación por la situación en torno al grupo mediático Koza Ipek Holding, vinculado al clérigo Fethulá Gulen, el principal rival político del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y ha recordado a Ankara que debe respetar la libertad de expresión como país candidato a la adhesión al bloque, al tiempo que ha dejado claro que espera que las elecciones generales del domingo cumplan "los estándares democráticos e internacionales".
"Los últimos acontecimiento en relación con el Koza Ipek Holding son preocupantes y los seguimos muy de cerca", ha asegurado Maja Kocijancic, portavoz de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini.
La UE ha dejado claro que "Turquía, como cualquier país que negocia la adhesión a la UE, necesita garantizar el respeto por los Derechos Humanos, incluida la libertad de expresión, en línea con la Convención Europea de Derechos Humanos", ha subrayado la portavoz de la jefa de la diplomacia europea.
"La UE continuará planteando la cuestión de la libertad de expresión a las autoridades turcas como un asunto prioritario", ha recalcado la portavoz.
Catherine Ray, la portavoz principal de Mogherini ha reiterado este mensaje en rueda de prensa tras subrayar la importancia de respetar el Estado de Derecho y la libertad de prensa en Turquía y ha dejado claro que la UE espera en que las elecciones generales del domingo cumplan "los estándares democráticos e internacionales".
La Policía turca ha irrumpido a primera hora de este miércoles en la sede en Estambul del conglomerado de medios Koza Ipek Holdings, vinculado al clérigo Fethulá Gulen, el principal rival político del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a escasos días de las elecciones generales convocadas este domingo 1 de noviembre en el país, según ha informado el diario local 'Hurriyet'.
La Comisión Europea ya criticó en su informe de 2014 para evaluar los progresos en el cumplimiento de los criterios para la adhesión la legislación turca que limitaba la libertad de expresión en el país, incluido la ley sobre Internet y el intento del Gobierno de prohibir Youtube y Twitter.
También mostró preocupación por su legislación para limitar la independencia de la justicia y la sustitución de decenas de policía y jueces que investigaban una trama de corrupción que afectaba a altos cargos del Gobierno de Erdogan, cuya deriva autoritaria, incluida su gestión de las manifestaciones multitudinarias antigubernamentales en torno en 2013 en torno al parque Gezi, la UE ha venido criticando en los últimos años.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reconoció este martes divergencias sobre "cuestiones de Derechos Humanos" con Turquía ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, pero insistió en la necesidad de cooperar con Ankara para frenar la llegada de refugiados a Europa.
La Comisión Europea ha reiterado este miércoles el mensaje del jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, en cuanto a que el diálogo con Ankara se debe mantener pese a que "no todos los asuntos en materia de Derechos Humanos y libertad de prensa están resueltos aún", ha recordado un portavoz comunitario, que ha rechazado que la Comisión haya "retrasado" la publicación de su informe de evaluación sobre Turquía este año a después de las elecciones, que normalmente se suele publicar a mediados de octubre.
Ankara ha exigido a la UE una ayuda adicional de 3.000 millones de euros a cambio de cooperar con la UE para atajar la crisis de refugiados y controlar mejor sus fronteras, que le incluya en la lista de países de origen seguros, abrir nuevos capítulos de las negociaciones de adhesión y adelantar la supresión de los visados para los turcos que viajan a la UE a 2016.
Bruselas ha abierto la puerta a acelerar la liberalización de los visados si Ankara "en paralelo" aplica la cláusula del acuerdo de readmisión de inmigrantes irregulares bilateral firmado a finales de 2013 que le obliga a readmitir a nacionales de terceros países y personas sin Estado que entran a la UE de forma irregular a través de su territorio y que sólo será de obligado cumplimiento en 2017.
