BRUSELAS, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los Veintiocho han aprobado este jueves, a nivel de embajadores permanentes, el acuerdo alcanzado con la Eurocámara en mayo para reforzar las normas comunitarias que impiden la exportación de equipos a terceros países para usarlos como método de torturas o tratos crueles, inhumanos o denigrantes o para la pena capital.
La Carta Europea de Derechos Fundamentales prohíbe no solo la pena capital y estipula que "nadie será objeto de torturas, trato inhumano o denigrante o castigo", al margen de las convenciones de la ONU sobre derechos humanos que prohíben la tortura y el maltrato.
La normativa europea, que entró en vigor en 2006, ya contempla la prohibición de exportar e importar equipos o bienes utilizados para infligir torturas e introduce un régimen específico de licencias para equipos o bienes que tienen usos legítimos pero que son susceptibles de ser utilizados para la tortura y que se evalúan caso por caso.
Los equipos y bienes están específicamente recogidos en los anejos de la normativa, que fue modificada en 2011 para incluir drogas que pueden ser utilizadas en inyecciones letales.
El acuerdo introduce un sistema de autorización previo para poder prestar asistencia técnica para el uso de estos equipos si es consciente de que pueden ser utilizados para tortura o la aplicar pena capital o prestar servicios como agente o 'brokering' de estos equipos en lugar de la prohibición total que planteaba la Comisión Europea.
Asimismo, incluye la prohibición del tránsito de estos equipos cuando el transportista es consciente de que pueden ser utilizados para torturas o aplicar la pena capital, así como su publicidad y promoción, incluido en ferias y exhibiciones.
También incluye un procedimiento de urgencia para poder modificar la lista de equipos que figuran en la normativa si aparecen nuevos equipos en el mercado que lo hagan necesario y la creación de un grupo de coordinación en el que expertos de los Estados miembro y la Comisión podrán intercambiar información sobre procedimientos administrativos y la aplicación de la normativa.
El Parlamento Europeo aprobará de manera formal los cambios normativos en septiembre, algo que permitirá su adopción final por los Veintiocho.
