Refugiada sursudanesa en Uganda en un reparto de comida
REUTERS / JAMES AKENA
Publicado: jueves, 15 febrero 2018 18:18

KAMPALA, 15 Feb. (Reuters/EP) -

Uganda ha anunciado este jueves que va a ampliar su investigación a funcionarios gubernamentales que presuntamente robaron ayuda destinada a refugiados para incluir a personal de la ONU, en medio de la preocupación de que el escándalo pueda disuadir la llegada de fondos de los donantes para poder atender las necesidades de la creciente población refugiada.

Las denuncias de que algunos funcionarios podrían haber inflado las cifras de refugiados con el fin de desviar ayuda y que estarían inmersos en otro tipo de fraude han enfadado a los donantes y avergonzado a un país cuya política de brazos abiertos al gran flujo de refugiados de Sudán del Sur le ha granjeado el reconocimiento mundial.

El ministro para Ayuda, Preparación ante Desastres y Refugiados, Hilary Onek, ha indicado en rueda de prensa que se está investigando a todos, incluida la comunidad internacional (...) si hubo connivencia con nuestro personal".

Preguntado sobre si eso cubría al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ha dicho: "Todos ellos van a estar bajo escrutinio".

Uganda dice acoger a unos 1,4 millones de refugiados, más de un millón de ellos procedentes de Sudán del Sur, así como otros procedentes de Burundi y de República Democrática del Congo (RDC).

Una fuente diplomática occidental en Kampala ha indicado a Reuters que ACNUR informó a los donantes en Ginebra el pasado 19 de enero de las denuncias de mala gestión de la ayuda. A continuación, la ONU notificó al Gobierno ugandés.

Las acusaciones incluyen "venta de alimentos y de bienes de ayuda a gran escala" e irregularidades en el suministro de agua, según el diplomático.

Onek ha señalado que las investigaciones también cubren presunto fraude de alimentos y efectivo, soborno y tráfico de niñas refugiadas. Los investigadores del Gobierno ugandés deberían tener un informe elaborado en tres semanas.

Cinco responsables en la oficina del primer ministro, incluido un tecnócrata de alto rango, ya han sido suspendidos. Según Onek, el Gobierno, que inicialmente procedía a registrar a los refugiados él mismo, ha comenzado a cotejar sus cifras usando el sistema biométrico de ACNUR y teme que los donantes puedan retener la ayuda hasta que las denuncias se resuelvan.

La coordinadora residente de la ONU en Uganda, Rosa Malango, ha dicho que ha comenzado a investigar las denuncias. La UE también lo está investigando. La embajadora estadounidense en Uganda, Deborah Malac, dijo a principios de este mes a las autoridades ugandesas que deberán devolver cualquier dinero robado y procesar a los autores.

Pero Maria Burnett, una experta en Uganda en Human Rights Watch (HRW), ha recordado que las autoridades ya han bloqueado en el pasado investigaciones previas sobre escándalos de ayuda en el país. "Una cuestión clave ahora es si altos cargos del Gobierno ugandés darán a los fiscales, investigadores, incluidas las instituciones anticorrupción de Uganda, el espacio para llegar al fondo de lo ocurrido", ha sostenido.

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