MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Uganda está estudiando la petición del Ejecutivo israelí para reubicar a 500 refugiados eritreos y sudaneses, según ha confirmado este viernes el ministro de Administración de Desastres ugandés, Musa Ecweru.
Esta es la primera vez que algún miembro de las autoridades ugandesas se muestra favorable a la petición de Israel. Hasta ahora, Uganda solo había aceptado a personas que abandonasen el país de Oriente Próximo de manera voluntaria, según el periódico israelí 'Haaretz'.
"Israel, en el marco de su colaboración con organizaciones de refugiados, ha pedido a Uganda que acepte reubicar a 500 refugiados eritreos y sudaneses", ha confirmado el ministro a través de la red social Twitter. "El Gobierno y este Ministerio está estudiando aceptar la solicitud", ha añadido el político.
Ecweru ha negado que el Ejecutivo ugandés reciba dinero de otros países por aceptar a refugiados y ha destacado que, de hecho, es el Gobierno "el que gasta fondos en estos solicitantes de asilo".
El ministro ha destacado que Uganda "va despacio, pero actúa de manera firme en lo que concierne a los refugiados que acepta". "Por lo que sé, de momento no ha venido ningún refugiado desde Israel, los que vengan serán reubicados", ha explicado el político.
Por último, Echweru ha argumentado que "las circunstancias en países como Eritrea e Israel obligan a sus respectivos gobiernos a reubicar a los refugiados en otros países". "Tuve un encuentro con un niño que me contó por qué pidió salir de su país e ir a Uganda y me sorprendieron sus palabras, pero este país puede ser un hogar alejado del propio hogar", ha relatado el ministro.
Israel considera que los 40.000 personas provenientes de África que buscan asilo político en el país son en realidad refugiados económicos y no políticos y ha puesto en marcha varios planes para tratar de expulsarles.
En enero, las autoridades israelíes anunciaron que pagarían 3.500 dólares (alrededor de 2.900 euros) y un billete de avión a miles de inmigrantes a cambio de que abandonasen el país, amenazándoles incluso con encarcelarlos si no acataban la orden antes de finales de marzo. El Tribunal Supremo del país ha decretado un retraso del comienzo de las deportaciones forzosas por una demanda presentada por grupos de defensa de los Derechos Humanos, según ha informado Reuters.
