LIMA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
Varios congresistas han exigido este lunes la dimisión de la ministra de la Mujer, Ana María Romero Lozada, por sus vínculos con el expresidente de Perú Alejandro Toledo, investigado por haber recibido presuntamente 20 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
Los congresistas Mauricio Mulder, del Partido Aprista Peruano (APRA, por las siglas de la denominación del grupo antiimperialista americano Alianza Popular Revolucionaria Americana), Héctor Becerril, de Fuerza Popular y Víctor Andrés Belaunde, de Acción Popular, han pedido la salida de Romero Lozada, quien además de formar parte del Gobierno de Toledo dirigió la ONG que fundó el exmandatario y que presuntamente fue financiada por Odebrecht.
Según un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicado por el diario 'Perú21' en 2015, el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, del que Romero Lozada fue directora y miembro de la directiva, recibió más de 70.000 dólares entre 2009 y 2011 de la empresa brasileña.
Por aquel entonces, la ahora ministra aseguró que todo era "transparente" y que no había nada "ilegal", sino que eran colaboraciones para una serie de actos celebrados entre esos años.
Este mismo lunes la Fiscalía ha formalizado la investigación preliminar contra el expresidente, acusado por delitos de tráfico de influencia y blanqueo de capitales por su implicación en la trama corrupta de Odebrecht.
El Ministerio Fiscal ha anunciado la apertura de la investigación a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, desde la cual también ha informado de una investigación preliminar contra el empresario Jorge Barata, exconsejero delegado de la empresa brasileña en Perú, acusado de se cómplice primario en la trama; y contra Josef Maiman, en calidad de autor.
El exmandatario peruano reclamó que se presenten pruebas que respalden las acusaciones en su contra.
"Que diga por favor cuándo, cómo, dónde y en qué banco me ha dado 20 millones a mí. No he recibido un centavo por la (entrega de la licitación de la) carretera Interoceánica", dijo.
En declaraciones desde París, Toledo recalcó que la Fiscalía le ha levantado el secreto bancario, agregando que el Congreso no ha encontrado pruebas en sus investigaciones sobre su persona.
Así, se mostró "indignado" ante lo que ha descrito como "un linchamiento político" contra él por parte de sus "enemigos tradicionales", según informó la agencia estatal peruana de noticias, Andina.
Toledo criticó el registro de su vivienda en La Molina por parte de las autoridades, asegurando que en el mismo no se respetaron sus derechos fundamentales y denunciando que la operación se saldó con la incautación de material perteneciente a su esposa.
"Yo pensaba que primero se probaba el delito antes de violentar la inocencia de los peruanos ¿En qué estado de derecho estamos viviendo?", se preguntó.
Por último, y tras ser preguntado sobre si volverá a Perú para hacer frente a las acusaciones, dijo que retomará sus actividades académicas en la universidad estadounidense de Stanford.
Las palabras de Toledo llegaron horas después de que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, calificara de "vergüenza" y "traición al Perú" la situación del expresidente.
"Muy dolido por estas noticias del expresidente Toledo, es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas que se esforzaron tanto, realmente yo creo que es muy lamentable esto, él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la Fiscalía", dijo Kuczynski.
Según versiones periodísticas, que citan información de la Fiscalía de Perú y Brasil, los pagos a Toledo empezaron en 2005, cuando se acercaba el final de su gobierno (2001-2006).
Toledo habría recibido este dinero para favorecer a Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica. El dinero habría sido canalizado hacia las cuentas del empresario israelí Josef Maiman, amigo del expresidente, a través de sus empresas en paraísos fiscales.
