El Gobierno debería buscar la coordinación y el diálogo con los empresarios para resolver la crisis
MADRID, 21 Ene. (César Lajud, profesor del Departamento de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea) -
A la hora de hablar de Venezuela, lo primero es importante que no perdamos de vista que su economía, por el monto de su PIB, 438.000 millones de dólares en 2013, es la quinta más importante en América Latina y la sexta en cuanto a población (30 millones). En 2014, según el Global Economic Report, del Banco Mundial, el PIB decreció un 3,0 por ciento y estima que para 2015 decrecerá un 2,0 por ciento.
Venezuela es un país que cuenta con importantes ingresos de divisas al ser el quinto productor de petróleo en el mundo, situación que genera una alta dependencia de dicha industria, al representar la mitad de los ingresos totales del Gobierno, alrededor de una cuarta parte del PIB y el 93 por ciento del total de las exportaciones. Sin embargo, ha mantenido en los últimos 15 años una balanza comercial de superávit.
Tradicionalmente, Venezuela se ha caracterizado por su gran dependencia de las exportaciones de petróleo. Los importantes ingresos provenientes de este producto le permiten mantener una amplia y diversificada gama de importaciones. Esta dependencia, sin duda, tiene un impacto en sus posibilidades de crecimiento industrial.
Como sabemos, en las últimas semanas el precio del petróleo ha tenido una caída significativa: ayer cotizaba a menos de 50 dólares el barril, cuando a mediados de diciembre del año pasado su cotización estaba en cerca de 64 dólares, con lo cual, se estima que el país ha perdido más del 30 por ciento de sus ingresos como consecuencia de esa caída.
La situación descrita con anterioridad afecta en forma relevante la capacidad de gasto público, de importación, de continuar con los subsidios, generando desabastecimiento y aumentando el déficit del sector público.
Como resultado de lo expuesto anteriormente la semana pasada, la agencia de calificación de riesgo estadounidense Moody's rebajó la calificación de los bonos venezolanos a perspectiva negativa estable, de Caa1 a Caa3. Tras evaluar que el riesgo de impago del país se ha incrementado "sustancialmente", la consultora estimó que en caso de que Venezuela caiga en "default", impago, las pérdidas de los tenedores de bonos superarían el 50 por ciento de sus instrumentos de deuda.
RIESGO DE COLAPSO
Lo anterior nos indica un notorio incremento en el riesgo de colapso económico y financiero del país, como resultado de sus desequilibrios macroeconómicos insostenibles, un muy elevado nivel de inflación, hasta noviembre del pasado año un 63 por ciento según el Banco Central, y una significativa depreciación de la tasa cambiaria paralela, la tasa oficial fija es de 6,30 bolívares por dólar siendo la cotización no oficial especulativo de la divisa norteamericana de cerca de 180 bolívares.
Considerando el panorama descrito, debemos añadir la actual aguda escasez de productos de primera necesidad, lo que incide negativamente en la complicada situación social que vive actualmente el país, siendo indispensable definir y establecer estrategias coordinadas entre el sector público y privado para enfrentar los retos económicos y sociales que vive el país.
Es indispensable solucionar el problema de la escasez de productos básicos que enfrenta la población, es necesario que se incremente la oferta y que se reduzca en forma sustantiva la especulación, lo que resultará en un aumento de la competencia entre los oferentes, evitando guerras especulativas y el intervencionismo que genera toda clase de distorsiones económicas que desembocan en descontento social.
Contrariamente a lo propuesto, la acción y respuesta del Gobierno no ha sido la de búsqueda de coordinación y dialogo con los empresarios, sino más bien la de señalarlos como responsables de la situación, lo que complica aún más posibles acciones para enfrentar la crisis.
