El Gobierno español protestó ante Caracas por la invasión de tierras de propietarios españoles

Actualizado 02/02/2006 17:17:53 CET

Bernardino León confía en que "pronto" haya soluciones a este caso, mientras la oposición critica la lentitud en las gestiones

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) - El secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Bernardino León, señaló esta mañana en el Senado que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha protestado ante el Gobierno venezolano por la invasión de tierras de propietarios españoles en el país suramericano, así como por las amenazas que están sufriendo estos últimos para que abandonen sus propiedades.

En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta, León subrayó que desde el Gobierno español "se ha protestado y se ha dado apoyo a los afectados, sin lugar a dudas", a raíz de la carta que enviaron en abril de 2005 un grupo de españoles del estado venezolano de Yaracui denunciando la situación en la que se encontraban.

En dicha misiva, los afectados solicitaron "la ayuda del Gobierno español ante las invasiones que estaban sufriendo en sus propiedades agrícolas por parte de elementos incontrolados", según explicó el secretario de Estado, quien añadió que tanto el Ministerio como la Embajada y Consulado españoles en Caracas han estado desde entonces "en permanente contacto con los afectados" y han realizado gestiones ante las autoridades venezolanas "para promover la oportuna protección de los intereses de estos ciudadanos españoles".

La última de estas gestiones se produjo en Madrid "hace varias semanas" cuando el director general de Política Exterior para Iberoamérica del Ministerio de Exteriores, Juan Sandomingo, convocó a la encargada de negocios de la Embajada de Venezuela "para expresarle la preocupación española por estos hechos y reclamarle una rápida y decidida intervención de las autoridades venezolanas para poner fin a las invasiones y a todo tipo de ataques y amenazas".

En dicha reunión, el alto cargo español indicó a la diplomática venezolana que España "reclama" de las autoridades de Caracas la "salvaguardia de los bienes y de la integridad física" de los propietarios españoles.

En segundo lugar que, a pesar de que Madrid no se pronuncia sobre la legislación venezolana sobre tierras, es "preciso" comprobar nuevamente que alguna de esas propiedades reciba la calificación de "finca abandonada", lo que posibilita su confiscación por el Estado y posterior entrega a nuevos productores.

Desde Coalición Canaria se ha denunciado en los últimos meses que grupos incontrolados han destruido cultivos de caña de azúcar e impiden nuevas cosechas, con el fin de que el Estado declare estas tierras como abandonadas.

En tercer lugar, el director general del Ministerio de Exteriores dijo que España no entraría a valorar la posibilidad de dar una indemnización a cambio del terreno, pero que España "lo único que desea es que se aplique la ley, lo que en este caso concreto significa que los poderes públicos venezolanos actúen evitando hechos como los denunciados".

"PRONTO" SOLUCIONES CONCRETAS León manifestó a los senadores que el Gobierno español "va a seguir de cerca esta cuestión, exigiendo de las autoridades venezolanas la protección de los bienes y de la integridad física de los ciudadanos españoles, y estudiando las posibles soluciones que se arbitren en defensa de los derechos vulnerados de nuestros compatriotas".

De aquí al próximo 10 de febrero se esperan "nuevas iniciativas" por parte del Instituto Nacional de Tierras venezolano (INTI), con la esperanza de que "pronto" haya soluciones "concretas" a las denuncias presentadas por propietarios españoles en Venezuela.

El senador del PP Dionisio García Carnero dejó claro que los hechos denunciados "no son una expropiación, sino una invasión alegando que son tierras ocupadas a los venezolanos en 1492", con el objetivo de "agredir y desposeer" de estos terrenos a los españoles allí afincados, la mayoría de ellos canarios.

Asimismo, calificó de "lentas y absolutamente ineficaces" las gestiones del Gobierno y Embajada españoles hasta el momento, pese a que los afectados viven en una situación "que no admite demora" ante el surgimiento de asesinatos, violaciones y actos violentos contra ellos. "Después de nueve meses (desde la primera denuncia), a los afectados les parece poco o nada lo que se ha hecho", advirtió el senador 'popular'.

"LENTA Y POCO SENSIBLE" Mientras, Iñaki Anasagasti (PNV) censuró la "lenta y poco sensible" actitud española ante estos hechos. "Se ha aplicado la frialdad de la diplomacia (...) con una ausencia total de sensibilidad política y humana", indicó.

El senador peneuvista recomendó al Ejecutivo español que no hable únicamente de armas con el régimen de Hugo Chávez y le conminó a presionar a Caracas para haya un sistema electoral "limpio y democrático" en el país suramericano.

Ante las críticas de la oposición, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores admitió que es "cierto" que las gestiones no han fructificado todavía. "No estamos satisfechos y no va a dejar de trabajar hasta que haya una solución satisfactoria", dejó claro.

León reconoció que la situación es "preocupante y seria", pero insistió en que el Gobierno español le da una atención especial. Ante la "lentitud" en la respuesta venezolana, contrapuso "la sensibilidad y enorme interés" que ha mostrado la Embajada española por este asunto desde el principio.