MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha abogado este lunes por actuar para evitar que el país se convierta en "un Estado mafioso", en medio de las acusaciones de corrupción contra el presidente, Jacob Zuma.
"Es algo que debe entristecernos a todos, que se diga que la Sudáfrica de Nelson Mandela está a punto de convertirse en un Estado mafioso", ha dicho, afirmando que así se lo ha trasladado el Consejo de Iglesias del país.
Por ello, Ramaphosa ha reclamado nuevamente una investigación judicial en torno a las acusaciones de corrupción contra altos cargos del país, entre ellos Zuma, según ha informado el diario local 'News 24'.
El vicepresidente sudafricano ha sido especialmente crítico con la situación en los últimos meses, y en abril pidió una "renovación" del país, sumido en una crisis política y económica, según una grabación filtrada por los medios locales.
La grabación fue publicado en medio de las críticas al presidente, Jacob Zuma, por el cese del ministro de Finanzas, Pravin Gordhan, una de las figuras más respetadas del país. Ramaphosa describió el cese de Gordhan como "totalmente inaceptable".
Las palabras del vicepresidente podrían ser interpretadas como un intento de posicionarse como sustituto de Zuma en caso de que dimita como líder del gubernamental Congreso Nacional Africano (ACN) este mismo año, o antes, en caso de que los planes de la oposición para celebrar un juicio político en su contra tengan éxito.
El Parlamento, con mayoría del Congreso Nacional Africano (ACN) de Zuma, rechazó en abril de 2016 una moción de censura contra el presidente después de que el Tribunal Constitucional informara de que el presidente había incumplido la ley al ignorar una orden de devolver fondos estatales que había gastado en su vivienda particular.
Zuma se ha enfrentado a numerosos escándalos a lo largo de su legislatura de siete años de duración y recientemente ha sobrevivido a una moción de censura en el Parlamento después de que el Tribunal Constitucional le acusara de haber violado la Constitución.
En los últimos meses han aumentado las peticiones a Zuma para que dimita, y el mandatario tuvo incluso que abandonar un acto con motivo del Día Internacional de los Trabajadores tras ser abucheado por muchos de los presentes, que reclamaron su dimisión.
Seguidores y opositores de Zuma terminaron por protagonizar enfrentamientos de escasa consideración durante el acto, celebrado en la localidad de Bloemfontein, provocando la cancelación del mismo y la retirada del presidente, quien fue escoltado.
Las protestas estuvieron encabezadas por miembros del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) --que forma parte de la alianza gubernamental--, organismo que reclamó recientemente la dimisión del presidente.
Al llamamiento del COSATU se unió posteriormente el Partido Comunista Sudafricano (SACP), que integra junto al propio sindicato y el ANC la conocida como Alianza Tripartita.
A estos llamamientos se han sumado en las últimas semanas los veteranos del ANC --que incluye a activistas que lucharon contra el Apartheid, ministros y comisarios--, quienes han pedido al partido que "haga lo correcto y pida el cese del presidente".
EL CESE DE GORDHAN
La crisis dentro del ANC se avivó la semana pasada, después de que Zuma instara a Gordhan a cancelar su viaje a Reino Unido y Estados Unidos, donde tenía previsto promocionar la inversión en Sudáfrica, y regresar de forma inmediata al país.
En 2016, la Fiscalía presentó cargos por fraude contra Gordhan, en el marco de una investigación para aclarar algunos acuerdos firmados durante su etapa como director de Hacienda entre 1999 y 2009.
La investigación fue abierta después de que en 2014 surgieran informaciones sobre la existencia de una presunta unidad en Hacienda encargada de espiar a políticos, entre ellos el actual presidente.
Gordhan fue titular de la cartera de Finanzas entre 2009 y 2014, y volvió al cargo en diciembre de 2016 después de que Zuma despidiera por sorpresa a dos ministros en cuatro días.
Asimismo, el cese de Gordhan ha tenido lugar poco antes de que tuviera que aprobar un intento de aliados de la controvertida familia Gupta para comprar el Habib Bank, decisión que ahora quedará en manos de Gigaba.
La mayoría de los bancos del país se han negado hacer negocios con las empresas de los Gupta, una familia acusada el año pasado por la entonces Defensora Pública, Thuli Madonsela, de influir en las políticas de Zuma.
Los críticos han denunciado en numerosas ocasiones el peso de los Gupta --una acaudalada familia de empresarios de origen indio con intereses en la minería y los medios de comunicación-- en el Gobierno.
En su último informe, titulado 'La Captura del Estado', Mandonsela desveló numerosas situaciones en las que Zuma y miembros de su Ejecutivo actuaron de forma cuestionable, con frecuencia para beneficiar a los Gupta.
