MADRID, 28 Mar. (EDIZIONES) -
El conflicto colombiano ha dejado más de siete millones de víctimas cuyos derechos se debaten ahora en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con miras a un acuerdo de paz. Para ellas "el único derecho irrenunciable es la verdad" y están dispuestas a ceder en justicia a cambio de saber qué pasó.
Los combates entre militares y guerrilleros a lo largo de más de medio siglo se han cobrado la vida de 340.000 personas. Pero hay otras muchas víctimas, la mayoría, que han soportado las luchas por el poder. Éstas, las invisibles, han perdido sus tierras, han sufrido secuestros y violaciones y un delito aún más cruel: la desaparición forzada.
Nydia Erika Bautista desapareció el 30 de agosto de 1987 cuando se dirigía a la comunión de su hijo y su sobrina. Tenía 35 años y trabajada como profesora universitaria. También era militante de la guerrilla izquierdista M-19. Esta filiación política fue lo que la condenó.
Hombres vestidos de civil, que según investigaciones posteriores eran miembros de la 20ª Brigada de Inteligencia Militar, la misma que participó en las desapariciones del Palacio de Justicia, se la llevaron. Su cadáver fue enterrado doce días después en un cementerio entre Bogotá y Villavicencio como "desconocida".
Su sobrina, Andrea Torres, asegura que fue torturada y violada. "Porque ella apareció sin ropa interior y era claro que el día de la primera comunión de su hijo y su sobrina llevaba ropa interior", cuenta en una entrevista concedida a Europa Press.
La familia pudo recuperar a Nydia Erika porque en 1990 el sargento retirado Bernardo Garzón reveló a la Procuraduría General los detalles de esta desaparición. El comandante de la 20ª Brigada, el general Álvaro Hernán Velandía, fue identificado como el 'cerebro' de este crimen, pero ni siquiera ha sido juzgado.
Andrea, abogada experta en Derechos Humanos, decidió recuperar el caso de su tía y el 30 de agosto de 2014 presentó una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia "para reabrir el caso contra esos militares" basándose en nuevas pruebas recabadas durante estos años.
Este recurso extraordinario es el único camino que le queda por recorrer a la familia Bautista para que se haga justicia. La vía internacional quedó cerrada cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU clamó contra la impunidad, aunque Colombia hizo caso omiso.
"Confío en la Corte Suprema de Justicia, confío en el trabajo que hemos hecho durante años", dice Andrea, que siempre lleva consigo una chapa con la fotografía de su tía. Espera que el alto tribunal se pronuncie en 2016 para saber si el trabajo de toda una vida da sus frutos.
DESAPARICIONES CONSTANTES
"Desgraciadamente, las desapariciones forzadas son un fenómeno que persiste en Colombia. En 2104 se reportaron, según cifras oficiales, 93 desapariciones de hombres y 33 de mujeres, aún en el marco de unas conversaciones de paz", denuncia.
Andrea destaca el caso de Buenaventura, una localidad del Valle del Cauca con una población sumida en la pobreza, especialmente su gran comunidad afrodescendiente, que, sin embargo, se ha convertido en el principal puerto colombiano del océano Pacífico.
"Solo durante el año pasado se reportaron 44 desapariciones forzadas en Buenaventura. Allí empezaron a operar hace tiempo grupos paramilitares que han tomado la sartén por el mango (porque) los intereses económicos son muy fuertes. Cualquier persona que se opone desaparece. Se la llevan a las 'casas de pique' y la descuartizan viva", relata.
Andrea alerta de que se está repitiendo lo ocurrido en las regiones bananeras de Colombia, donde los poderes económicos se aseguraron de controlar el territorio usando como brazo armado a estos grupos paramilitares. "Muy seguramente, algo de eso habrá", apunta.
EN LA IMPUNIDAD
Para Andrea la causa de que incluso en pleno diálogo de paz sigan produciéndose desapariciones forzadas se debe a "la indiferencia del Estado colombiano". "El 95% de los casos están en total impunidad, solo en el 5% hay personas detenidas, pero no sentencias, no hemos llegado a ese punto", lamenta.
Este limbo judicial ha permitido que, aunque "el patrón de conducta sobre las desapariciones forzadas ha ido variando a través de los años", estos crímenes continúen como "una práctica institucionalizada" que se ha ido consolidando década tras década, gobierno tras gobierno.
"En la época de mi tía (la causa) era el deseo de exterminar a todas las personas que tuvieran afinidad con la izquierda. Años después, los grupos paramilitares lo hacían para sembrar el terror y que la gente supiera que no se podía pensar distinto al Gobierno de derecha", recuerda.
Ya bajo el mandato de Juan Manuel Santos, "el hecho de que las desapariciones forzadas se hayan mantenido históricamente en una total impunidad deja en el imaginario colectivo que cualquiera puede cometer este delito". A ello se suma "el hecho de que el Estado no reconozca que sigue habiendo grupos paramilitares, que ahora se llama de otras formas, como bandas criminales".
DIÁLOGO EN LA HABANA
La Fundación Nydia Erika Bautista "tuvo la fortuna de que dos de sus miembros participaron en las delegaciones de víctimas" que fueron a La Habana. "En la primera fue mi madre, Janet, y en la segunda Nancy Galarraga, a la que grupos paramilitares del sur del Putumayo la desaparecieron a sus cuatro hermanas, de entre 13 y 19 años. Fueron secuestradas, violadas y descuartizadas vivas", relata.
Las Fundación llevó a La Habana una propuesta consensuada con otras 20 organizaciones humanitarias. "Había dos propuestas concretas: crear dentro de la Comisión de la Verdad una subcomisión específica para las desapariciones forzadas y crear un mecanismo de verificación para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas".
A pesar del "hito histórico" que supuso la visita de hasta seis delegaciones de víctimas a La Habana, en el caso de la Fundación se volvieron con las manos vacías. "No hemos recibido respuesta de la mesa de negociaciones, no ha habido interlocución, solo silencio", reprocha.
JUSTICIA Y PAZ
Andrea critica que este silencio se extiende al diseño de la justicia transicional, algo que Santos ha definido como "el máximo de justicia que permita la paz" y que el ex presidente colombiano César Gaviria ha propuesto extender, además de a los guerrilleros, a policías y militares.
"Nos preocupa la negativa del Estado colombiano a reconocer la participación de sus agentes en graves violaciones de los Derechos Humanos", subraya, recordando que, al margen de la justicia transicional, hay cinco iniciativas legislativas para reformar el Fuero Militar y "ampliar el marco de impunidad" para los uniformados.
"La mayoría de las desapariciones forzadas, en un 60%, son responsabilidad de la Fuerza Pública, en un 35% de los grupos paramilitares, que en unos casos actuaron solos y en otros con la aquiescencia de los agentes del Estado, y en un 5% de la guerrilla", asegura.
Aunque la responsabilidad es compartida, Andrea considera que "no puede haber una simetría en las condenas porque los agentes del Estado tenían el deber constitucional de proteger a la población civil". "Deben tener un castigo ejemplarizante como garantía de no repetición", defiende.
"Soñamos con la paz y sabemos que habrá que hacer concesiones, pero no queremos renunciar al carácter justiciable de la justicia", aclara. Andrea no aspira al máximo de 60 años de cárcel que conllevan las desapariciones forzadas, "aunque sería lo justo", se conforma con "penas mínimas".
"Para las víctimas, el único derecho irrenunciable es la verdad de lo que pasó en estos 50 años de conflicto, el derecho a que se nos diga dónde están nuestros seres queridos, qué hicieron con ellos y por qué", afirma. El objetivo es que "esto no se vuelva a repetir, que la impunidad no siga reinando en Colombia".
