LA PAZ, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Familias de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) ha denunciado que la tramitación de la ley para víctimas de las dictaduras militares que presentaron hace tres años al Gobierno de Bolivia está paralizada.
El presidente de la Asofmad, Alberto Aparicio, ha explicado al diario boliviano 'La Razón' que, aunque el proyecto de ley se presentó en 2010, de acuerdo con su información, todavía está siendo analizado por el Ministerio de Justicia.
Aparicio ha indicado que este borrador contempla la creación de una comisión de la verdad y de un paquete de medidas para la reparación económica y moral de las víctimas de los regímenes castrenses que asolaron al país andino entre los años 1964 y 1982.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) ha recomendado a Bolivia que cree una comisión de la verdad al considerar "insuficiente el tratamiento de la reparación a las víctimas de las dictaduras militares".
También ha aconsejado al Ejecutivo de Evo Morales que diseñe un programa para garantizar una "reparación adecuada" a las víctimas y sus familias. "El Derecho Internacional admite la reparación con compensaciones económicas y de tipo moral", ha detallado.
Interrogado sobre estas cuestiones, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha sostenido que no conoce estas propuestas y ha aclarado que el Ejecutivo no planea crear una comisión de la verdad. No obstante, ha admitido la necesidad de investigar los crímenes cometidos por las dictaduras militares.
El pasado jueves, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, ya abrió la puerta a una investigación oficial sobre los crímenes cometidos por las dictaduras militares, pero descartó compensaciones económicas mayores a las ya existentes.
El diputado del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lucio Marca, en cambio, ha considerado que "si el resarcimiento para las víctimas de violencia política no basta, debe hacerse más".
Desde hace 600 días, un grupo de víctimas y familiares de los regímenes castrenses acampa frente al Ministerio de Justicia para exigir el pago de las indemnizaciones prometidas por el Gobierno de Carlos Diego Mesa Gisbert en 2004.
