En 2015 se incoaron en Canarias un 5,8% menos de procedimientos penales que en el año anterior

 
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En 2015 se incoaron en Canarias un 5,8% menos de procedimientos penales que en el año anterior

Publicado 05/10/2016 15:39:55CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

En 2015 se incoaron 14.127 procedimientos penales menos que el año anterior, lo que supone un 5,8% menos sobre un total de 248.127. Este descenso, como ha ocurrido en el resto España, se debe a "la despenalización de algunas conductas que hasta el 1 de julio de 2015 eran constitutivas de faltas y en menor medida a la entrada en vigor de la reforma de la LECrim sobre el nuevo régimen de remisión de atestados sin autor conocido por la policía a los juzgados".

Así lo ha asegurado este miércoles el Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido García, al presentar la memoria anual del Ministerio Fiscal en Canarias en la apertura del año Judicial 2016-2017, que se desarrolló en la Sala de Audiencias de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.

En el año 2015 se formularon por los Fiscales de este territorio en todo tipo de procedimientos 13.114 escritos de calificación. "Se constata un descenso del 4,15% en el total de las calificaciones formuladas, en la misma línea de descenso ya iniciada en el año 2013", apuntó.

En todo caso, ha sostenido Garrido García, la mayoría de los escritos de acusación se formulan en procedimientos de Juicio Rápido, la cifra alcanzada el pasado año fue de 8.388.

Igualmente resaltó el alto índice de conformidades alcanzadas en los Juzgados de Instrucción en este tipo de procedimientos. La cifra total fue de 5.996 sentencias, lo que representa un porcentaje del 71,48 %.

LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

El fiscal Superior de Canarias dijo que un año más resulta "perturbador" tener que informar del mantenimiento de este tipo de delitos en Canarias. El total de mujeres asesinadas por sus pareja o ex pareja en Canarias fue de 3.

Apuntó que como toda figura delictiva que se basa en relaciones personales y afectivas "su forma de manifestarse está estrechamente ligada a los cambios sociales producidos en los últimos años".

Vicente Garrido García observó "con preocupación" el aumento de la denominada "violencia de género digital", esencialmente entre adolescentes y jóvenes, pues las redes sociales constituyen el principal medio de comunicación entre ellos y este instrumento también es muy útil para controlar, vigilar, presionar o desprestigiar a una persona, aprovechando el anonimato y la gran repercusión que la red tiene", dijo.

Al respecto, el pasado año, subrayó, se formularon 1.637 escritos de acusación por delitos de esta naturaleza.

OFRECER UNA ADECUADA REPUESTA ANTES DELITOS COMPLEJOS

El Fiscal igualmente consideró que la Administración de Justicia "no ofrece una adecuada respuesta frente a determinadas actividades delictivas complejas" que, en ocasiones, a su juicio, "afectan a bienes jurídicos de gran relevancia para la sociedad, como la corrupción, la delincuencia urbanística o la criminalidad organizada de carácter transnacional (tráfico de drogas, trata de seres humanos, delincuencia económica, criminalidad informática,).

Pues bien, "la reforma del Código Penal parecía acoger algunas de las propuestas formuladas en el Libro Blanco del Ministerio Fiscal, como era, entre otras muchas, la supresión de los juicios de faltas que, en teoría, debería descongestionar los Juzgados de Instrucción para que pudieran dedicarse a la persecución de las 6 conductas más graves", argumentó.

Sin embargo, esta reforma ha sido "mucho menos ambiciosa de lo que hubiera sido deseable", agregó, ya que "las infracciones más comunes y numerosas se han mantenido, convertidas ahora en delitos leves que se enjuician a través de un procedimiento similar al antiguo juicio de faltas" y por lo tanto, se pone de manifiesto "una relevante litigiosidad" en "este tipo de infracciones menores".

REFORMA DEL SISTEMA

El Ministerio Fiscal, en palabras de Garrido García, apuesta por "una reforma del sistema" que, en sus líneas generales, y en coherencia con los modelos de nuestro entorno, "ha de atribuir a nuestra institución la dirección jurídica de la investigación penal, reservando esta fase como una mera preparación, en su caso, de un eventual juicio oral, y asignando al Juez un papel de auténtico garante de los derechos de las partes".

"Se trata --añadió-- de sentar las bases de un nuevo sistema de justicia penal que supere el modelo decimonónico, lo que a nuestro juicio se ha convertido en una imperiosa necesidad si se quiere ofrecer un servicio público eficaz y eficiente, en garantía de los derechos de unos ciudadanos que ya están integrados en una sociedad propia del siglo XXI".

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