Acusan a Barragán de "cercenar" la libertad de expresión de quienes se oponen al traslado de la Ciudad de la Justicia

Np Ciudad De La Justicia Santa Cruz De Tenerife
GOBIERNO DE CANARIAS
Actualizado: lunes, 22 mayo 2017 12:25

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria ha acusado al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, de querer "cercenar" la libertad de expresión de quienes han expresado su oposición a que la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife se ubique en El Sobradillo y no en Cabo Llanos.

La Asociación ha criticado en un comunicado que el Gobierno de Canarias pretenda trasladar las sedes judiciales de Santa Cruz "a más de 11 kilómetros de donde se ubica el actual Palacio de Justicia, lejos del centro administrativo de la ciudad, en un lugar que presenta graves problemas de comunicación, todo ello con claro perjuicio para los ciudadanos, que precisan de una justicia próxima y accesible, por tratarse de administración presencial".

Desde la Asociación ven comprensible que se haya generado "una fuerte corriente de opinión adversa entre todos los afectados: funcionarios, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, además de jueces y magistrados allí destinados".

También afirman que es lógico que el decano y el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, siguiendo el mandato de sus respectivas juntas, "hayan encarado el problema exponiendo en público los muchos y serios reparos que suscita la iniciativa, siempre dentro del marco de la lealtad institucional, a diferencia del consejero, que llegó a publicitar su decisión sin convocar previamente la Comisión Mixta", trámite preceptivo que, según la Asociación, la había solicitado formalmente.

Por todo ello, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria critica que José Miguel Barragán haya presentado una queja ante el promotor de la Acción Disciplinaria contra el decano y el presidente de la Audiencia, acusándoles de cometer una infracción disciplinaria al criticar su plan.

Consideran reprobable que la queja "manipule" los hechos y califican de "muestra de ignorancia" que el consejero califique la crítica de sus administrados como presión "inaceptable".

También ven "preocupante" que quiera "cercenar" un ejercicio de libertad de expresión "tan lógico" de quienes "tan solo le han confrontado razones que le corresponde escuchar, como, de igual modo, tendrá que soportar que se revise si sus decisiones se ajustan a derecho, lo que mal puede interpretarse como amenaza o presión, vivimos por fortuna en un Estado de Derecho".

Este Comité Nacional ha querido recordar que la crítica a las decisiones de los poderes públicos que afectan a la "recta" administración de justicia es para los jueces "un derecho y un deber fruto del compromiso activo para mejorar la Justicia que integra nuestra responsabilidad y que no pueden ni deben penalizarse de ningún modo", concluyen.

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