LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El 65,71 por ciento de los jueces y magistrados titulares de la provincia de Las Palmas han secundado hoy la huelga convocada por este colectivo para reivindicar la mejora de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, según confirmó la portavoz del Comité de Huelga y magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Elena Corral.
De los 105 jueces titulares de la provincia que están en activo, siguen la huelga 69 jueces y magistrados, apuntó Corral durante un paro de quince minutos en el que se procedió a la lectura de un manifiesto en el patio de la Audiencia Provincial en Las Palmas de Gran Canaria que recoge las reivindicaciones del colectivo.
Corral destacó la elevada cifra en tanto que la convocatoria "ha surgido desde las bases y desde asociaciones minoritarias" en la provincia como Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, al tiempo que se mostró convencida de que habrá un "contraataque" de datos por parte del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), organismos de los que denunció "presiones".
Si bien la miembro del Comité de Huelgas admitió el colectivo no ha recibido "presiones directamente", destacó que "toda España ha visto a la portavoz del CGPJ amenazando con sanciones a jueces y magistrados, cuya amenaza no aparecía por ningún lado en el acuerdo del Consejo negando el derecho a la huelga, cuando el acuerdo del Consejo no lo recogía, y al ministro de Justicia diciendo que tiene que tomar medidas" contra la judicatura.
"UN SERVICIO DIGNO"
Incidió en que "lo único" que pretenden es "la mejora de la justicia en España". "Lo que ha movilizado a toda la carrera es sobre todo exigir los medios necesarios para que la justicia española pueda prestarse en unas condiciones lo suficientemente rápidas y de la suficiente calidad para que los ciudadanos tengan el servicio que se merecen, un servicio digno", añadió.
En opinión de la también magistrada de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, "no puede ser que 4.500 jueces en España, desde el más pequeño de un pueblo hasta el Tribunal Supremo, sean los que tienen que resolver millones y millones de litigios que entran porque de ese modo jamás llegará la justicia a tiempo, no porque el juez no trabaje", ya que éstos, según la magistrada, "trabajan a destajo y más que la jornada habitual de cualquier trabajador".
Asimismo, Corral advirtió de que desde el Ministerio Justicia y el CGPJ se facilitarán cifras de seguimiento de la huelga en función de la cantidad de jueces sustitutos y titulares a pesar de que estos últimos "no se encuentran en condiciones de hacer ninguna huelga". En este sentido, subrayó que la convocatoria "tiene que computarse respecto a los jueces y magistrados titulares".
La portavoz no pudo facilitar datos de juicios suspendidos durante la jornada de hoy. No obstante, resaltó que "los jueces y magistrados, en un ejercicio de responsabilidad, que no ha querido asumir el órgano de gobierno de jueces y magistrados de un modo" que a ella le parece "vergonzoso", han fijado unos servicios mínimos que aseguró que cualquier cuerpo de funcionarios "consideraría excesivos y abusivos". "Lo hemos hecho porque lo que no queremos es perjudicar al ciudadano sino que la situación de la justicia cambie", apostilló.
De este modo, destacó que "un gran porcentaje de los compañeros que están haciendo huelga, a pesar de que van a descontarles sus retribuciones, están trabajando y dando la cara ante el ciudadano y los juicios y asuntos se están resolviendo sin ninguna incidencia".
Reconoció que la ausencia del apoyo de abogados y procuradores en la protesta "quizás se deba a un fallo" del comité de huelga en la convocatoria.
"GRAVES DEFECTOS Y CARENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN"
Por su parte, el miembro del comité de huelga y magistrado Carlos García, encargado de leer el manifiesto, denunció los "graves defectos y carencias de la Administración de Justicia en España, especialmente la falta de medios personales y materiales, la sobrecarga de trabajo, la falta de modernización y la defectuosa gestión de los recursos existentes".
Es por ello que ante el estado de "deterioro" de la Administración, el colectivo considera que "ha llegado el momento de exigir a los poderes públicos la definitiva solución de estas graves carencias con el fin de de poder ofrecer a los ciudadanos un servicio público moderno, eficaz, ágil y adecuado a las necesidades de la sociedad actual".
En este sentido, enumeró una tabla reivindicativa asumida en la que se propone la efectiva adecuación de la planta judicial a la carga de trabajo real de los órganos judiciales, por lo que se exige del Ministerio de Justicia la homologación a las medias europeas de las ratios de jueces por habitante y realizar un plan de ejecución de un plazo máximo de cinco años.
García recordó que el informe de 2008 del Consejo de Europa da una ratio para España del 10,1 mientras que la media europea se sitúa en el 19,8. Además, reclaman al CGPJ la aprobación de un reglamento que establezca la carga de trabajo que un juez puede y debe asumir, el incremento de la inversión en la Administración de Justicia, dotación de recursos materiales y técnicos con carácter inmediato; dotación de todos los planes de refuerzo; así como la definitiva instauración y dotación de la oficina judicial con fecha límite de 1 de enero de 2010 con "clara determinación de funciones y responsabilidades de jueces y secretarios judiciales".
Además, reclaman la atribución a los jueces del control de la agenda de señalamiento y el cumplimiento en las previsiones de actualización de la vigente ley de retribuciones.
También apoyan las demandas de la Comisión Interasociativa Permanente como la plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías e interconexión informática entre juzgados de distintas comunidades, digitalización documental, registro informático común, firma electrónica transmisión telemática de procedimientos y la formación adecuada de todo el personal, entre otros.
García insistió en la revisión de la actual planta judicial; arbitrar un sistema adecuado de sustituciones; reconciliación de la vida familiar y laboral; inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso y supresión de determinados requisitos de preferencia en los concursos para acceder a determinadas plazas.
Por último, hizo hincapié en el "cambio de elección de vocales del Consejo y transparencia en nombramientos y cargos judiciales para asegurar la independencia del poder judicial, elección de vocales y de presidentes de Tribunales de Justicia y de Audiencias mediante voto individual y en listas abiertas sin límite y sin avales".
La presidenta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia, Pilar Parejo, calificó de "hecho histórico la primera huelga de jueces que hay en España". "Las reivindicaciones son comunes a toda la carrera con independencia de que se haya decidido hacer o no huelga", aseguró la magistrada, que apostó por "mantener la unidad" porque todos tienen "los mismos problemas".
Añadió que en la Audiencia Provincial no se ha suspendido ningún juicio por la huelga y recalcó que "el problema prioritario de Canarias es la cobertura de todas las plazas por jueces y magistrados titulares y el problema de la interinidad de los funcionarios".
Por su parte, el decano de jueces de la capital y titular del Juzgado de lo Penal número 4, Javier García, de la Asociación Profesional por la Magistratura (APM) -- que, al igual que Jueces para la Democracia, no apoya la huelga--, aseguró que esta asociación es "leal" a su compromiso de negociar con el Ministerio las reivindicaciones. "Es la primera vez que un sector de la judicatura ha decidido hacer un día de paro", sentenció.
