Foto: CEDIDA POR EL GOBIERNO DE CANARIAS
Marrero asegura que el archipiélago recurrirá todas las medidas procedentes para que el Ministerio asuma el orden competencial
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias ha aprobado una Declaración Institucional contra la tramitación de los permisos para investigar la existencia de hidrocarburos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, según puso este viernes de manifiesto el portavoz, Martín Marrero, tras el Consejo de Gobierno.
"Esta tramitación impone que actuemos en la defensa de las competencias que tenemos tiene atribuida la Comunidad tanto por la Constitución como por el Estatuto de Autonomía de Canarias y otras leyes en vigor", dijo.
Marrero comentó que en aplicación del Estatuto de Autonomía, de la Ley de Aguas de Canarias y de la Ley del Sector de Hidrocarburos --normas de rango jurídico estatal--, "las competencias para organizar las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación de hidrocarburos están atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto en tierra como en aguas adyacentes".
Aquí, hizo especial hincapié en que el Gobierno regional "no desmayará" en el cumplimiento de la obligación de defender dicho marco constitucional, proponiéndose asimismo recurrir todas las medidas procedentes para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo asuma el orden competencial establecido.
COMPETENCIAS Y MEDIO AMBIENTE
"La preocupación de Canarias --agregó-- es la preservación del entorno medioambiental del archipiélago", mientras aseguró que el Ejecutivo que preside Paulino Rivero entiende que cualquier actuación en este campo tiene que pasar por un detallado estudio de las repercusiones medioambientales.
En este punto, recordó que este fue el motivo por el que, en 2004, el Tribunal Supremo, el permiso de investigación fue suspendido. "Desde entonces, Canarias ha seguido defendiendo que se adecue primero competencialmente y segundo en el aspecto medioambiental, cualquier acción del Ministerio", matizó.
"El Ejecutivo regional --concluyó-- actuará en defensa de los legítimos intereses de los canarios con todas aquellas acciones que el ordenamiento jurídico permita para evitar que se rehabiliten los efectos de un expediente que lleva ya más de una década de tramitación".