Canarias cifra en 400 millones/año el déficit del Estado con las islas

 

Canarias cifra en 400 millones/año el déficit del Estado con las islas

Javier González Ortiz
CEDIDA
Actualizado 07/02/2012 20:14:13 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, ha asegurado este martes que entre 2009 y 2012 el Estado ha dejado de ingresar en las arcas regionales una cifra cercana a los 1.500 millones de euros, lo que supone una pérdida anual del entorno de los 400 millones.

"El sistema de financiación resta a Canarias 1.500 millones de euros para los servicios públicos esenciales", aseguró Ortiz en el Pleno del Parlamento de Canarias. Este déficit de fondos --dijo--, que se destinan principalmente a sufragar los servicios públicos esenciales, se traduce en que los canarios no están "en igualdad de condiciones respecto al resto de los españoles".

Ante esta situación, reclama una "distribución equitativa de los recursos del actual sistema por ser injusto y por establecer grandes diferencias territoriales".

El consejero añadió que no se trata de solicitar más fondos al Estado "sino de un reparto más equitativo para que Canarias deje de ser la peor financiada y se sitúe, al menos, en la media del conjunto de las comunidades autónomas".

Según explicó, esta disminución de ingresos "está teniendo un gran impacto en las cuentas públicas canarias que es suplida por fondos propios que se detraen de otras partidas con el fin de mantener los servicios básicos, una prioridad absoluta para el Gobierno de Canarias ante esta crisis económica".

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El titular de Economía, Hacienda y Seguridad también destacó el esfuerzo que ha venido realizando el Ejecutivo en el control y racionalización del gasto público. "Esta disciplina es lo que ha permitido, de momento, no solo garantizar sino incrementar las partidas en sanidad, educación y acción social", razonó.

En este sentido recordó que, fruto de esa contención, las Islas se encuentran en una posición "distinta" a otras autonomías que ahora se ven obligadas a tomar graves medidas.

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