LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha presentado este lunes el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales al Consejo de Gobierno, donde se ha tomado en consideración y se ha decidido elevarlo al Consejo Consultivo para su dictamen, por el trámite de urgencia.
De este modo, señaló Valido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se pretenden cumplir los plazos comprometidos en el Parlamento de Canarias para aprobar el citado Proyecto de Ley. Esto motivará que tras el verano el texto pase al Parlamento canario.
Valido ha subrayado que se ha trabajado "muy rápido" para incorporar las prescripciones que los servicios jurídicos han realizado a este anteproyecto de Ley y que, matizó, son "todos muy técnicos".
Asimismo, valoró que se trata de un anteproyecto de Ley "muy trabajado" por los sectores implicados, señalando que muestra de ello son las 207 alegaciones que se han presentado a la norma en curso y que, dijo, es un "número bastante bajo" en relación a las que se han puesto a este tipo de ley en otras comunidades.
Valido recordó que la actual Ley de Servicios Sociales de Canarias data del año 1987 y "ya no responde" a los servicios que existen actualmente, de ahí que defendió que se necesita de una ley que "de estabilidad".
En este sentido, explicó que el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias configura un sistema integrado de todos los recursos disponibles de atención a las personas --equipamientos, planes, programas y servicios, así como las prestaciones económicas para atención social en los ámbitos de la discapacidad, la dependencia, la infancia y la familia, la inmigración--.
CARTERA DE SERVICIOS
Por otro lado, Valido destacó que recogerá la Cartera de Servicios y de Prestaciones Económicas del Sistema público de servicios sociales, que incluirá las prestaciones de servicios a las que los ciudadanos tendrán derecho, entendido como un derecho subjetivo que será exigible ante las administraciones públicas.
Al respecto, dijo que "es muy importante" que todo eso quede recogido en el citado Catálogo porque se quiere "dar estabilidad" a los recursos y a los profesionales.
En cuanto a la tramitación por urgencia, indicó que consideran que debe ser así para "cumplir los plazos comprometidos ante el Parlamento de Canarias para aprobar el citado Proyecto de Ley" --siendo agosto mes de vacaciones-- y atendiendo al interés en que la norma comience su tramitación parlamentaria en el siguiente periodo de sesiones de la actual Legislatura.
Agregó que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha cumplido con los trámites preceptivos, entre ellos, la lista de evaluación, donde se analiza el impacto normativo y financiero del Anteproyecto de Ley y se evalúa el impacto de género, el impacto empresarial y el de familia, infancia y adolescencia, así como los trámites de información pública; el del audiencia concedido a los cabildos insulares, ayuntamientos canarios y las entidades y organizaciones representativas de intereses sociales y económicos.
Así se realizó el trámite de consulta a todos los departamentos del Gobierno de Canarias, así como los informes emitidos por las consejerías de Sanidad, Hacienda, Educación y Universidades, Presidencia, Justicia e Igualdad y del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. También se solicitaron informes al Consejo Económico y Social de Canarias y al Consejo Municipal de Canarias, hasta la fecha no emitidos.
Además, se pidió el informe del Consejo de Colaboración Insular, respecto de las competencias de los cabildos insulares emitido con fecha de 4 de julio de 2017 y los informes de la Dirección General de Modernización y Calidad de los servicios; la Dirección General de Planificación y Presupuesto y la de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos.
