Canarias se prepara ante una anulación del principio de unidad de explotación turística por parte de la UE

Actualizado 02/02/2006 13:02:50 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha comenzado a prepararse ante la posibilidad de una anulación del principio de unidad de explotación turística por parte de la Comisión europea. La Consejería de Turismo analiza las consecuencias de un fallo que pueda ser contrario a los intereses de la Comunidad Autónoma. Como consecuencia de esta situación, el Ejecutivo considera que "prudente no emprender" iniciativa alguna destinada al control del cumplimiento de este principio, contenido en la Ley de Ordenación del Turismo de 1995.

La Comisión de la Unión Europea (UE), en noviembre de 2001, informó sobre la existencia de una solicitud de un ciudadano británico, que consideraba que las obligaciones impuestas a las empresas en la ley canaria de turismo y, en especial, el cumplimiento del principio de la unidad de explotación; constituían una "restricción a la libre prestación de servicios".

Las autoridades españolas, en nombre del Gobierno de Canarias en noviembre de 2002, justificaron ante la Comisión que la introducción de este principio servía para incrementar la calidad y profesionalidad en la prestación de los servicios de alojamiento turístico y terminar así con los conflictos entre las comunidades de los propietarios y los operadores turísticos.

Tras haber sido presentada una denuncia en 2002, la Comisión europea emplazó a las autoridades canarias, a finales de diciembre de 2004, para ponerles de manifiesto los problemas de "compatibilidad" de la Ley del Turismo con la legislación europea. Bruselas abría, de esta forma, un expediente de infracción a España porque consideraba que el principio de unidad de explotación "restringe la libre elección y la libre recepción de servicios prestados por las agencias inmobiliarias a los propietarios de los pisos ya que están obligados a encomendarse a una empresa determinada", según informó el Ejecutivo regional.

El pasado mes de julio, la Comisión emitió un dictamen motivado invitando a las autoridades canarias a que adoptaran "todas las medidas necesarias para ajustar" la cuestionada ley a la disposiciones europeas. Se concedió un plazo de dos meses que fue ampliado posteriormente hasta el 13 de octubre de 2005.

La Consejería de Turismo, tras analizar el dictamen motivado, recabó de la dirección general de Asuntos Económicos con la UE y del Ministerio de Asuntos Exteriores, los antecedentes obrantes sobre otros pronunciamientos emitidos por la Comisión en relación a la ley regional de turismo.

En 1997 y en respuesta a una reclamación formulada por un europarlamentario, la Comisión defiende la compatibilidad de la legislación canaria. Con este antecedente, la Consejería responde al dictamen motivado y, en la actualidad, se mantiene "a la espera del último" pronunciamiento de la Comisión. Ante esta situación, en la Consejería se considera "prudente no emprender" acción alguna "tendente a la exigencia o control especial" del cumplimiento del principio de la unidad de explotación hasta que la UE se haya pronunciado sobre la "improcedencia de plantear la incompatibilidad de la ley canaria de Turismo ante el Tribunal de Justicia europeo o éste emita un fallo al respecto", según informó este departamento autonómico.

En cualquier caso, el Ejecutivo se propone "ir avanzando en el análisis teórico de un posible fallo en contra de las pretensiones defendidas por esta Administración". Una labor que se desarrollará dentro del grupo que estudiará el principio de unidad de explotación, creado en el seno de la comisión de trabajo para el estudio de las necesidades normativas en el área de turismo.

La Consejería pretende estudiar las consecuencias que acarrearía un eventual pronunciamiento contrario que afectara al régimen de las autorizaciones turísticas y de explotación de los establecimientos alojativos. También se quiere analizar al alcance de las modificaciones legales que procedan.